- La venta de las plantas generadoras de energía y la telefónica nacional, previstas para agosto, fueron declaradas desiertas este mes
Noel Hernández Ramos [email protected]
El contexto de privatización no es nada alentador para Nicaragua, porque durante este mes se declaró desierta la licitación de las plantas de generación eléctrica del país, y ahora le corresponde el turno a Enitel.
En septiembre del año pasado la Junta Directiva de la empresa tuvo que declarar desierto su tercer intento de privatización, porque la oferta que presentó la única empresa que participó en la licitación resultó inferior al precio base que se estableció en 79 millones de dólares.
En ese mismo mes, el turno le tocó a las plantas generadoras de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), las cuales corrieron con igual suerte, porque ninguno de los oferentes presentó propuestas, por lo que el proceso se repitió este año, pero el resultado fue el mismo.
De acuerdo con Salvador Quintanilla, Presidente Ejecutivo de la empresa telefónica, la privatización de Enitel y Enel “son dos cosas diferentes, dos tecnologías diferentes, y además de eso, dos estrategias [de privatización] diferentes”.
“Pienso que las dos privatizaciones se van dar, lo único que hay que reformar es la estrategia (en el caso de Enel), para atraer un poco más al inversionista. Yo creo que la de nosotros se va a dar en lo absoluto”, sostuvo.
TUVIERON QUE REFORMAR LEYES
La Ley 210 o Ley de Incorporación de Particulares en la Operación y Ampliación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, fue creada en 1994 y ha sido reformada dos veces con la leyes 293 y 389.
Según una denuncia del Sindicato de trabajadores “Ocho de Abril”, no ha sido para adecuarla al desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, ni para venderla de manera favorable para el país.
“Al contrario, la reformaron para repartirse el dinero que se obtenga de este proceso; prueba de ello es que los diputados dispondrán de 10 millones de dólares”, dijo.
Por su parte, los ejecutivos de la empresa consideran que la última reforma (Ley 389) se hizo con la idea de atraer más inversionistas y hacer más flexible la privatización de la empresa.
Sin embargo, de los 13 inversionistas que al inicio mostraron interés, en el actual proceso, sólo tres oferentes decidieron participar en la etapa de preclasificación, y al final uno de ellos decidió retirarse de la licitación.
CAMBIARON REGLAS
De acuerdo con la ley original, el inversionista debía competir por la compra del 40 por ciento de las acciones más el contrato de administración de la empresa, cada una con un valor que al final tenía que ser pagado de una sola vez al país.
Pero ahora lo que se está pidiendo es que se dé de inmediato el monto total del valor de las acciones, mientras que el valor del contrato de administración lo podrá pagar en un plazo de tres años.
“Con la nueva reforma a la Ley de Privatización el gobierno permite vender Enitel “al fiado” (como decimos los nicas); esto significa que darán una parte de la plata y el resto lo pagarán en abonos suaves”, denunciaron los trabajadores.
“¿De dónde sacará el resto de la plata [el inversionista que adquiera Enitel]? Pues de la misma generación económica de Enitel. Como se dice, del mismo cuero salen las coyundas”, expresan los miembros del Sindicato “Ocho de Abril”.
TELEPUERTOS NO RELEGADOS
– En el proceso de modificación legal para la venta accionaria de Enitel se cambiaron los requerimientos técnicos y financieros para la selección de los oferentes que participarían en la próxima licitación, porque la Junta Directiva de Enitel los consideró altísimos.
– Antes sólo podían participar operadores de telefonía convencional, pero esta vez se dio apertura a la participación de empresas de telefonía celular.
– Según los trabajadores las leyes de privatización dejan vacíos legales, como por ejemplo la operación de telepuertos.
– “No es secreto para nadie la existencia de estos sistemas en Nicaragua, la ley debe regular, como en muchos países, la operación de estos sistemas de telecomunicaciones, dejando claro quiénes podrán operarlos, bajo qué condiciones en su ámbito de operación y la cobertura de los delitos y sanciones”, cita el informe.
