La globalización del odio

  • Amnistía Internacional, como tantas organizaciones cívicas y religiosas seguramente bien intencionadas, ha caído en el error de creer que hay derechos económicos y sociales de la misma manera que hay Derechos Humanos

Carlos Alberto Montaner*

Amnistía Internacional (AI), por medio de su nueva presidenta, la bangladesí Irene Khan, le ha declarado la guerra a la pobreza. La noticia, fechada en Dakar, es muy importante, pero puede tener consecuencias desastrosas. Luego lo explico. Sigamos con la introducción. AI es la más prestigiosa organización privada de cuantas defienden los Derechos Humanos. Se ha ganado el inmenso prestigio que posee denunciando truhanes a diestra y siniestra. Quien tortura y maltrata a los adversarios políticos o a una minoría indefensa, sea Fidel Castro o la familia real saudí, puede contar con la condena inmediata de esta enorme, generalmente justa, e infatigable ONG.

¿Cómo sabe AI que un gobierno ha cometido un atropello? Porque existe un consenso planetario en torno a los derechos humanos consagrados en un documento firmado en 1948 en Naciones Unidas. No se puede privar a una persona de libertad por expresar sus puntos de vista, o por tratar de organizarse para defender colegiadamente una idea, por adorar a un dios, a otro, o a ninguno. Y cuando alguien es encarcelado por alguna de estas razones, AI le llama «preso de conciencia» y monta campañas muy efectivas para tratar de liberarlo. AI, por cierto, no defiende a terroristas ni a personas que hayan participado en actos violentos. Es una organización que respalda víctimas, no causas partidistas. Algunos de mis buenos amigos, cubanos y no cubanos, se han beneficiado de las iniciativas de AI.

Como consecuencia de su éxito en este campo, y ante el espectáculo obvio de que en una parte del mundo —África y América Latina— hay un altísimo porcentaje de indigentes, analfabetos, y enfermos crónicos de males curables, mientras que en otra —Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón— existen sociedades prósperas, sanas y educadas, Amnistía Internacional cree que ahora debe denunciar esas diferencias y defender los derechos de los «desposeídos». Es decir, de esa gente terriblemente pobre a la que los ciudadanos ricos y codiciosos de este imperfecto mundo globalizado priva de algo que le pertenece.

¿Qué ha ocurrido? Que AI, como tantas organizaciones cívicas y religiosas seguramente bien intencionadas, ha caído en el error de creer que hay derechos económicos y sociales de la misma manera que hay Derechos Humanos. AI no se ha percatado de que los verdaderos «Derechos Humanos» existen sin que tenga que mediar la buena voluntad de nadie. Realmente no se otorgan, sino se reconoce su existencia: son «naturales». Es posible proclamar el derecho a la libertad de expresión sin necesidad de asignarle a nadie un medio de comunicación, como es posible proclamar el derecho a la libertad religiosa sin necesidad de construir una iglesia. Y, una vez reconocidos estos derechos, se puede proteger a quienes sean perseguidos por tratar de ejercerlos. Sin embargo, los supuestos derechos económicos y sociales —falsos derechos que deberían llamarse «aspiraciones» u «objetivos»—, requieren de una dotación material que depende de factores imposibles de garantizar. Cuando se dice «derecho a una vivienda digna», pero no se aclara de dónde saldrán los recursos para construirla, se está incurriendo en un fraude. Cuando, con voz engolada, se proclama el «derecho a un trabajo justamente remunerado», mas no se cuenta con un sistema económico saludable y elástico capaz de crear esa oportunidad laboral, se está mintiendo y creando una malsana frustración en las gentes.

Naturalmente, los responsables de AI no ignoran que esos supuestos «derechos de los desposeídos» requieren de cuantiosos recursos para poder ser satisfechos: ¿de dónde esperan obtenerlos? Deben salir del bolsillo de las sociedades ricas. De los excedentes de norteamericanos, franceses, españoles, suecos, canadienses y un corto etcétera. Es decir: lo que AI realmente está planteando no es la existencia de derechos económicos y sociales para beneficio de los pobres, sino de deberes económicos y sociales que afectan a las sociedades que han conseguido salir de la pobreza. Lo que desean AI y tanta gente de corazón blando, pero de cabeza más dura de lo recomendable, es una gigantesca y permanente transferencia de recursos entre sociedades creadoras de riqueza y sociedades que carecen de esta destreza.

Eso no funciona. Tal vez la señora Khan no se ha percatado de ello, pero la clave de la prosperidad está en una compleja ecuación en la que entran la mentalidad social o cosmovisión, el tipo de educación, el sistema político, el modelo económico y los valores prevalecientes. Dinamarca, Canadá y Singapur no son países ricos por designio divino o como consecuencia de que Angola, Honduras o Filipinas sean pobres, sino porque los primeros están organizados y se comportan de cierta forma, mientras los segundos lo hacen de diferente manera.

No hay duda de que cualquier ser humano mínimamente compasivo tiene que horrorizarse ante los millones de africanos víctimas del SIDA, o ante esa mitad de la población latinoamericana que vive en la pobreza abyecta, pero si se quiere aliviar esta tragedia, lo peor que podemos hacer es confundir las causas con las consecuencias, y pensar que la solución radica en transferir incesantemente riquezas del Primer Mundo al Tercero (por utilizar la expresión simplificadora), mientras se alimenta el absurdo resentimiento de los países que no saben crear riqueza contra los que han conseguido aprender a crearla. Por ese camino, AI no logrará jamás erradicar la miseria, pero sí contribuirá a globalizar el odio. Algo que puede echar por tierra la enorme y encomiable labor que esta organización ha venido desarrollando a lo largo de varias décadas. [©FIRMAS PRESS]  

Editorial
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