En el marco del IV Foro de Desarrollo e Integración Turística de Centro América y República Dominicana que recientemente se efectuó en Managua, varias organizaciones de la sociedad civil y el Parlamento Centroamericano realizaron un seminario para debatir el tema del “turismo sexual”.
El término turismo sexual no tiene una definición precisa, pero se le relaciona con la promoción de viajes a ciertos países en los que el visitante puede esperar la satisfacción de sus deseos sexuales sin mayores restricciones y a bajo costo. Así entendido, es lógico esperar que los “turistas sexuales” provengan de los países de altos ingresos y que los países visitados por ellos sean los de bajos ingresos. Pero si eliminamos de la definición anterior el elemento costo, nos encontraremos con que prácticamente no existe país del mundo en el que no exista “turismo sexual”. Nadie puede decir, por ejemplo, que Holanda sea un país de bajo ingreso, y sin embargo es bien conocido que uno de los principales atractivos de Amsterdam es el Distrito Rojo, donde las prostitutas se exhiben y se promocionan desde vistosos escaparates a orillas de la calle.
No en balde a la prostitución se le conoce como el oficio más antiguo de la humanidad, y se ejerce en todos los países del mundo, independientemente de que sean ricos o pobres. Eso demuestra que la prostitución no es un asunto relacionado con la pobreza únicamente. El gran problema se presenta, en todo caso, cuando los niños y niñas de un país se convierten en el blanco de los buscadores de placeres sexuales. En ese caso se convierte en un asunto en el que las autoridades correspondientes están obligadas a tomar todas las precauciones necesarias para impedir que las criaturas caigan en manos de proxenetas, y para castigar severamente a quienes se vean envueltos en actos de prostitución infantil.
Nuestro país recién empieza a abrirse turísticamente al mundo. Sabemos que por contar con abundantes bellezas naturales y con una natural disposición a ser amables con el visitante, disponemos de un formidable potencial para lograr en poco tiempo un significativo desarrollo turístico. Cierto es que se requiere mucha inversión en infraestructura y capacitación profesional, pero si mantenemos un ambiente de paz y de tranquilidad, combinado con reglas del juego claras y estables, la actividad turística podrá continuar creciendo a un ritmo mayor, inclusive, al experimentado hasta ahora. Y eso es bueno. Pero debemos estar conscientes que ese hecho nos expondrá inexorablemente a un simultáneo incremento de turistas, dentro de los cuales habrá algunos cuyo interés primordial radique en la búsqueda de menores para satisfacer sus apetitos sexuales. De ahí que, como país, debemos prepararnos para enfrentar ese problema.
Es cierto que entre mayor sea el grado de pobreza de una sociedad, mayores probabilidades habrá de que niños y niñas sean ofertados por proxenetas a quienes buscan ese aberrante tipo de sexo, aunque también contribuye a aumentar la oferta la falta de una legislación lo suficientemente clara y severa como para disuadir a quienes lo busquen. Pero es obvio que la existencia de una buena legislación es insuficiente si falta un sistema judicial dinámico y eficaz que la haga cumplir.
Es importante enfocar el problema desde la perspectiva correcta. No se trata de desestimular ni de ponerle trabas al turismo. El turismo en sí es bueno y deseable. Los países más desarrollados son los que más turismo tienen en el mundo. De lo que se trata aquí es de que el posible visitante que tenga malas intenciones sepa de antemano que en nuestro país existe una legislación que castiga duramente a quien se vea envuelto en actos de prostitución infantil, independientemente de que el involucrado sea un nacional o un extranjero, y de que hay un sistema judicial dispuesto a aplicar la ley.
El Código Penal actual es débil en esa materia, ya que no contempla el tráfico ni la explotación sexual infantil como delitos. El Código de la Niñez y la Adolescencia, por su parte, también es débil y no establece penas o sanciones para quienes abusen sexualmente de los niños. Urge, por lo tanto, hacer los ajustes legales correspondientes.
