- Ni el Instituto de Medicina Legal ni la Policía Nacional ni juez alguno han solicitado información sobre desaparecidos, dice CPDH
Juan Rodríguez [email protected]
El doctor Gilberto Argüello, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), opinó que la Policía Nacional debe actuar con profesionalismo en las investigaciones que se siguen en la Corporación Zona Franca.
Las autoridades deben llegar hasta el fondo del caso de la osamenta y de los vestigios, de las supuestas cárceles subterráneas encontradas y que funcionaron durante el gobierno sandinista, en la década de los 80, sostuvo Argüello.
“Esperamos que la Policía diga lo que encontró y vio, sin ocultar nada, vamos a esperar los resultados de las investigaciones que se están desarrollando en este momento”, explicó.
Argüello aseguró que ni el Instituto de Medicina Legal ni la Policía Nacional ni juez alguno han solicitado información de centeneras de denuncias que recogió este organismo de Derechos Humanos sobre los penales sandinistas o de reos desaparecidos en esa época.
En los archivos de la CPDH hay 1,400 denuncias de personas que desaparecieron entre 1979 y 1989, y cuyo paradero aún se desconoce.
La CPDH tiene en sus expedientes que el 27 de junio de 1981, en el Penal “Héroes y Mártires” de Nueva Guinea, fueron muertos 27 prisioneros y no 15, entre ellos Julio César Aguirre Palacios, Tomás Amador López, José Mercedes Baltodano Reyes, Ernesto Ramón García Luna, Carlos Ernesto Hernández Castillo y otros.
PROCURADURÍA PENDIENTE DE INVESTIGACIONES
Flor Elena Ruiz, de la Procuraduría de Derechos Humanos, manifestó que este organismo del Estado continúa vinculado a las investigaciones.
“Las versiones que se han dado sobre el avance de las excavaciones, son preliminares, no son oficiales, no hay todavía un informe conclusivo porque faltan más estudios alrededor de la osamenta descubierta en la Zona Franca”, manifestó Ruiz.
Aclaró que los científicos o técnicos han dado sus opiniones profesionales, pero en este momento no se pueden tomar como conclusivas, y la Procuraduría de Derechos Humanos no la hace oficial hasta que lo haga una autoridad competente, que son el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional.
“Si a la osamenta se le verifica que tiene 20 años, le corresponderá a un judicial abrir una causa, es más, ya debería haber un juez llevando el caso de oficio para seguir las investigaciones y orientar las diligencias”, explicó Ruiz.
NUÑEZ CAUTELOSA CON LA SIP-DH
Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), no quiso emitir ningún tipo de juicio, si la Sociedad Internacional Para los Derechos Humanos (SIP-DH), actuó bien o mal en el caso de la Zona Franca.
La SIP-DH, es dirigida por Reinaldo Aguado, quien inició una controversial investigación a inicios de este mes, a partir de una denuncia de Silvio Guillou Barberena de una supuesta fosa común de reos asesinados entre 1980 y 1983.
Núñez, sin embargo, explicó que si la denuncia de Guillou hubiera sido puesta ante el organismo de Derechos Humanos que ella preside para coadyuvar en el esclarecimiento del caso, habría sido diferente.
Dijo que por lo delicado del caso, se tuvo que haber puesto en conocimiento a las autoridades correspondientes, para obtener un auxilio técnico y tratar de llegar a la verdad.
“Proceder de manera espontánea, por muy buenas intenciones que se tenga, no contribuye eficazmente al esclarecimiento de la verdad, porque de alguna manera altera los escenarios de los hechos, altera las evidencias, cuando se manipulan sin las técnicas y procedimientos establecidos”, explicó.
Negó rotundamente, que Silvio Guillou Barberena hubiera tratado de poner la denuncia la primera vez en ese organismo. “Es totalmente falso lo que afirmó el denunciante en un canal de televisión, que antes de ir a la SIP-DH intentó poner la denuncia en el Cenidh”, insistió la doctora Núñez.
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