Karla Marenco L. [email protected]
El tema de la osamenta encontrada en la Zona Franca ha abierto heridas no sanadas por la falta de esclarecimiento de decenas de desapariciones y ejecuciones masivas de ex guardias nacionales en la época sandinista, realizadas en las cárceles.
Alrededor de 6,500 personas allegadas al gobierno somocista fueron detenidas en las diferentes cárceles del país luego de la Revolución Popular Sandinista en 1979, según el informe de 1981 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las detenciones supuestamente eran para evitar represalias y venganzas personales por la ira popular en contra de los ex guardias nacionales y los colaboradores del régimen.
“Este número se reduce posteriormente con la concesión de indultos colectivos o individuales, y en algunos casos, con las sentencias absolutorias. Cuando concluyen los Tribunales Especiales, de los 6,310 prisioneros que existían al momento del triunfo de la revolución, 4,331 fueron condenados”, señala el informe de la CIDH.
También, ilegalmente, fueron detenidas otras personas que no estaban ligadas al régimen somocista, sino que fueron arrestadas por la Oficina de Seguridad Nacional, y fueron confinadas a prisión sin juicio, “por el simple hecho, según se informa, de no tener una identificación con los lineamientos políticos del actual gobierno, o por haber expresado opiniones críticas, que las autoridades nicaragüenses considerarían como una actitud contrarrevolucionaria y lesiva a los intereses populares”.
A mediados de los 80, la libertad personal por la suspensión del recurso de Hábeas Corpus, el debido proceso de las personas y la situación de las cárceles, especialmente de reos ex guardias nacionales, dejaba mucho que desear, según un informe de la época de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
En 1985 en Nicaragua existían 9,500 reclusos, de los cuales 2,300 eran ex miembros de la Guardia Nacional, 1,500 se encontraban por acciones contra la Seguridad del Estado, y el resto por ser delincuentes comunes.
Sin embargo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) consideraba que para 1985 existían, “no menos de 7,000 prisioneros por motivos políticos”, de los cuales 2,500 cumplían condenas por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, 2,300 procesados y condenados por los Tribunales Populares Antisomocistas y 2,200 esperaban proceso por esos mismos Tribunales.
La Comisión Permanente estimaba que existían “entre 2,300 y 2,500 ex guardias nacionales” cumpliendo condenas impuestas por los Tribunales Especiales de Justicia.
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