La decisión de la jefatura de la Policía Nacional de controlar las excavaciones en la Zona Franca industrial de Managua —donde hubo una cárcel durante el régimen sandinista y, según se ha denunciado, algunos presos políticos habrían sido asesinados y sepultados por sus carceleros—, así como el involucramiento en el caso de otros organismos oficiales controlados o influidos por miembros del FSLN, podría poner fin a las expectativas de que algo en claro pueda salir de tales investigaciones.
Sobre todo la orden policial de impedir que los periodistas cubran libremente las excavaciones y la búsqueda de osamentas en la Zona Franca, motiva el temor y provoca la sospecha de que se pudiera estar tratando de ocultar algo de fondo e impedir que resplandezca la verdad.
Por otro lado, el principal cuestionamiento que hacen los partidarios sandinistas a las denuncias e investigaciones en la Zona Franca del representante en Nicaragua de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Reynaldo Aguado, es que éste es un enemigo del FSLN, y que en consecuencia tiene un interés político y una posición parcializada en este caso. Además, al principal testigo e impulsor de la investigación, Silvio Guillou, quien afirma haber sido miembro de las tropas del Sistema Penitenciario sandinista y testigo de una matanza en la cárcel de la Zona Franca, los sandinistas lo han querido descalificar por medio de documentación policíaca sobre sus antecedentes personales, sospechosamente filtrada desde la oficina en la Asamblea Nacional de un prominente directivo parlamentario del FSLN.
En realidad, si las autoridades quisieran llegar al fondo de la investigación, y a la verdad, debieron pedir a alguna entidad internacional humanitaria y neutral —como la Cruz Roja, por ejemplo—, que asumiera la responsabilidad de las excavaciones y de la búsqueda de los restos de los ex prisioneros políticos que supuestamente fueron asesinados no sólo en la Zona Franca sino también en otras antiguas cárceles sandinistas que hubo en el país.
Sin duda alguna el esclarecimiento del caso de la Zona Franca —y de los demás lugares donde hubo cárceles y según otras denuncias también se produjeron asesinatos de presos políticos durante el régimen sandinista— fortalecería y le daría credibilidad al precario proceso de reconciliación nacional en Nicaragua, el cual, a fin de ser auténtico debe fundarse en el descubrimiento y el reconocimiento pleno de la verdad, de toda la verdad.
Además, aunque en las condiciones actuales de Nicaragua esto podría ser mucho pedir, debemos señalar que los partidos políticos predominantes del país —FSLN y PLC— deben cobrar conciencia de que las personas que durante las dictaduras dirigieron la represión y cometieron violaciones de Derechos Humanos, están moralmente inhibidas para desempeñar cargos gubernamentales. Y que, por lo tanto, también deberían ser inhibidos legalmente, como lo están, por ejemplo, en algunos países ex comunistas de Europa Central, los antiguos jefes y miembros de los cuerpos de seguridad y represión política que participaron directa e indirectamente en torturas de prisioneros y en crímenes de lesa humanidad en términos generales.
La experiencia de la precaria transición democrática de Nicaragua ha demostrado, igual que en otros países del mundo que sufrieron regímenes totalitarios y dictaduras de derecha o de izquierda, que la reconciliación no se puede fundar en la impunidad ni en la complicidad del silencio. Y que para que se puedan perdonar y olvidar los crímenes políticos cometidos durante las dictaduras, los antiguos violadores de Derechos Humanos tienen que reconocer públicamente sus culpas y pedir perdón a sus víctimas y a los deudos de éstas. Pero además, tienen que retirarse a la vida privada, porque con su actuación en política y, peor aún, con su participación en los poderes públicos, vierten vinagre y echan sal en las heridas abiertas y aún sangrantes de Nicaragua.
De otra manera, siempre, pero sobre todo en cada campaña electoral, a quienes estuvieron involucrados en los crímenes políticos les seguirán saliendo los espectros de los muertos de la Zona Franca de Managua y de todos los lugares donde algún nicaragüense fue torturado o asesinado, por agentes y dirigentes de las dictaduras de derecha y de izquierda, somocista y sandinista.
