En Nicaragua han cerrado 14 bancos en los últimos años. No han sido cierres voluntarios, sino forzados por razones de insolvencia o iliquidez. La administración de todas esas instituciones financieras fue deficiente, y en algunos casos, abiertamente fraudulenta. Se concedieron préstamos por millones de dólares a personas inexistentes; se violaron repetidamente las normas prudenciales que rigen para la concesión de préstamos, concediéndose créditos a un mismo grupo relacionado hasta por 7 u 8 veces el capital total de un banco, cuando la norma señala que en esos casos no puede excederse del 30 por ciento; se dieron bonos de prenda en garantía que supuestamente amparaban miles de sacos de café, cuando lo que se había depositado en el almacén general de depósitos eran miles de sacos de cascarilla de arroz sin valor alguno; se dieron como garantía títulos de propiedad de fincas inexistentes, etc. Y después de todo ese descalabro costosísimo y fraudulento, sólo hay una persona que guarda prisión, el Dr. Francisco Mayorga, quien fue Presidente del Banco del Café, cerrado en noviembre del año pasado.
¿Cómo puede ser eso posible? Sólo hay una respuesta lógica: en Nicaragua el sistema judicial es marcadamente ineficiente e ineficaz, en el mejor de los casos, o notoriamente politizado y corrupto en el peor de ellos. Ya sea lo uno, lo otro, o ambas cosas a la vez, el problema es sumamente grave para el país.
Es cierto que puede alegarse que la Superintendencia de Bancos pudo haber actuado con lentitud en algunos casos, y que las pérdidas pudieron haber sido menores si hubiese habido una mejor y más efectiva supervisión. Pero tampoco puede negarse que los responsables de los fraudes y demás acciones ilegales tomaron todas las precauciones necesarias para evitar ser detectados por un buen tiempo. El hecho cierto, sin embargo, es que se han cometido delitos que le están costando cientos de millones de dólares a todos los ciudadanos nicaragüenses sin jamás haber tenido nada que ver con el manejo de esas instituciones bancarias, y aún así solamente una persona guarda prisión —quizás por no contar con un padrino político— cuando es obvio que los involucrados en la planeación y ejecución de las fechorías cometidas fueron muchos otros.
Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia han alegado que el Poder Judicial no es el culpable de la quiebra de los bancos. Y eso es cierto. Nadie ha dicho que el Poder Judicial sea el culpable. Lo que sí se ha dicho, y es más que evidente, es que la ineficacia, la ineficiencia, la corrupción y la politización que priva en ese poder del Estado, es lo que ha impedido que los malhechores, que con sus acciones delictivas han puesto sobre los hombros de la ciudadanía una deuda de cientos de millones de dólares, hayan sido debidamente juzgados y condenados.
La falta de aplicación de justicia el año pasado fue tan grande que nuestra última opinión editorial del año 2000 la titulamos, “Año de la injusticia”, pero a como van las cosas en el presente, es posible que este año sea peor que el anterior en materia de injusticia.
Según uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la culpable por la quiebra de los bancos es la Superintendencia de Bancos, porque ésta existe para “evitar que quiebren” las entidades bancarias. Nos parece que ésa es una aseveración desligada de la realidad, porque hay quiebras de bancos en todas partes del mundo, incluyendo los países desarrollados que cuentan con organismos de supervisión funcionales y eficientes. No es cierto que si la Superintendencia hubiese actuado correctamente no habría quebrado ningún banco. Eso equivale a decir que si la policía de tránsito hiciese bien su trabajo no se cometerían infracciones de tránsito.
Los funcionarios judiciales pasan la responsabilidad por la quiebra de los bancos a la Procuraduría General de Justicia, y es cierto que esta institución es también corresponsable por la falta de justicia imperante en el país. Pero el traspaso de responsabilidades es estéril. Lo que la ciudadanía demanda es justicia, y el que la haya o no, es responsabilidad del Poder Judicial.
