José Adán Silva [email protected]
Para el canciller Francisco Aguirre, cualquier involucramiento de los Estados Unidos para evitar que un posible gobierno sandinista disfrute de los acuerdos suscritos por Nicaragua con El Salvador y Guatemala, dentro del marco de la Declaración Trinacional que busca fortalecer el proceso de integración centroamericana, no es más que “una especulación infundada”.
Al ser consultado sobre el tema, Aguirre se quedó estupefacto unos segundos, para luego, con enojo mal reprimido, contestar que no caben ni las posibilidades de contemplar una situación en la que Estados Unidos se involucre en un acuerdo centroamericano, para evitar que un posible gobierno sandinista se fortalezca con los beneficios derivados de los acuerdos suscritos por el actual gobierno de Nicaragua en la Declaración Trinacional firmada el año pasado con Guatemala y El Salvador.
“Primero, la Trinacional no es una alianza política, es un entendimiento, más que nada, para abordar temas de integración económica, no es una alianza, y no es excluyente”, dijo Aguirre, aclarando inmediatamente que nunca se firmó como parte de una estrategia de alianza de Nicaragua ante los problemas territoriales con Honduras, aunque la firma de la misma se haya realizado a raíz de la intensificación del problema regional de Honduras con Nicaragua y El Salvador.
“Nunca he oído, en todos mis contactos, porque yo tengo muchos, y muy frecuentes, y muy estrechos con los norteamericanos; nunca, nunca, han planteado a nadie esa preocupación de influir en la Trinacional para cercar a nadie, nunca”, reiteró Aguirre Sacasa.
“Lo he dicho en varias ocasiones: los Estados Unidos sí han manifestado en varias ocasiones sus inquietudes en cuanto a los resultados de las elecciones y la importancia de que estas elecciones sean transparentes, incluyentes, libres, etcétera; les preocupa, por ejemplo, el problema de la falta de quórum en el Consejo Supremo Electoral, pero nunca, y repito, nunca me han hablado de la Trinacional en ese contexto, y francamente lo considero como una especulación infundada”, dijo de manera categórica.
LOS ACUERDOS DE LA TRINACIONAL
La Declaración Trinacional, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, fue suscrita el 2 de mayo de 2000 por los presidentes de esos países, Francisco Guillermo Flores Pérez, Alfonso Portillo Cabrera y Arnoldo Alemán Lacayo, respectivamente.
La firma de la declaración acordaba adoptar medidas concretas para avanzar en la confrontación de un sistema regional de bienestar y justicia económica y social; alcanzar la unión económica; fortalecer el sistema financiero centroamericano; robustecer la región como bloque económico y promover en forma equilibrada el desarrollo sostenible.
Asimismo, buscaba aplicar medidas para la reducción de los desequilibrios intrarregionales que afecten el desarrollo sostenible; garantizar la sostenibilidad social y política de los procesos de apertura económica y democratización de los países de la región y sus políticas macroeconómicas y sectoriales.
Entre otras cosas, también se perseguía formular políticas que racionalicen e incentiven las actividades agropecuarias, procurar la seguridad alimenticia, incrementar y diversificar las exportaciones consolidando la articulación de las cadenas productivas, comerciales y de servicios; impulsar la reconstrucción, rehabilitación y modernización de la infraestructura regional, especialmente en materia de transporte, telecomunicaciones y energía, para elevar los niveles de eficiencia y competitividad de los sectores productivos, a nivel nacional regional e internacional.
Asimismo, y entre otras cosas, el tratado Trinacional acordaba adoptar medidas sistemáticas en materia de relaciones internacionales, que incluía negociaciones conjuntas frente a terceros, sedes conjuntas de representaciones diplomáticas y consulares. Medidas macroeconómicas de compromiso con estabilidad de precios, compromisos de estabilidad cambiaria, integración de sistemas financieros, protección del ahorro bancario común, y compatibilidad monetaria.
El tratado también establece garantizar a los gobiernos firmantes la modernización de la infraestructura en redes viales y puertos marítimos y aéreos, actualización de los compromisos adquiridos en materia de migración; también incluiría políticas de seguridad para implementar acciones coordinadas contra el crimen organizado, apegarse a lo establecido en el tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y a los mecanismos que provee el Derecho Internacional para garantizar la independencia, soberanía, seguridad e integridad territorial de los Estados signatarios.
DEFENSA NICARAGUENSE ANTE HONDURAS Y COSTA RICA
Los problemas territoriales de Nicaragua con Honduras y Costa Rica tomaron carácter legal a partir de marzo del año 2000, cuando las tres naciones asistieron ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Wa- shington, Estados Unidos.
El 8 de marzo de ese año, Nicaragua concurrió ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para enfrentar una propuesta de Costa Rica y encontrar una solución a la crisis que entre ambos países había provocado la controversia sobre la navegación armada por el río San Juan.
En esa ocasión, el entonces canciller Eduardo Montealegre negó de manera categórica que Nicaragua estuviera tomando acciones que pudieran poner en peligro la paz continental, tal como Costa Rica lo había manifestado a la OEA a través de una carta enviada el 3 de marzo de ese mismo año, donde solicitaban un mediador de este organismo y la activación del Pacto de Bogotá y la del Tratado de Asistencia Recíproca, bajo el argumento de que Nicaragua estaría alterando la paz hemisférica.
En esa misma faena, pero la tarde el 7 de marzo, en la ciudad de Washington, el canciller Montealegre y su homólogo hondureño Roberto Flores Bermúdez, reunidos en presencia del embajador Luigi Einaudi, representante especial del Secretario General de la OEA, aprobaron un memorando de entendimiento.
Los acuerdos ahí firmados serían para mientras la Corte Internacional de Justicia de La Haya no determinara la delimitación marítima en el mar Caribe entre Honduras y Nicaragua, sometido a juicio por el último país.
En ese contexto, ambas naciones acordaron medidas de fomento de la confianza para completar la instrumentalización de los acuerdos firmados entre Nicaragua y Honduras, en las ciudades de Miami y San Salvador, los días 30 de diciembre y 7 de febrero del año 2000.
Entre las medidas acordadas estaban mecanismos de patrullaje combinado en el Mar Caribe, coordinación de acciones de rescate y operaciones navales, comunicación previa, congelamiento de efectivos militares en los puestos fronterizos para evitar fricciones.
Entre estas medidas figuraron mantener unidades de artillería a menos de 23 kilómetros de la frontera, tanques y vehículos blindados mantenerse a 50 kilómetros, al igual que medios de guerra electrónicos; notificación de vuelos militares a distancias de 30 kilómetros de la frontera, y establecer canales de comunicación directa entre las autoridades militares de ambos países para evitar hostilidades y dilucidar problemas de aspectos técnicos y militares.
