- Abogado Yalí Molina considera que en México será juzgado
únicamente por peculado
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
El abogado Yalí Molina Palacios declaró que la sentencia de extradición emitida por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua favorece a Oscar Espinosa Villarreal, su representado, porque garantiza que México lo juzgará sólo por el delito de peculado.
Molina Palacios se mostró complacido por el fallo del máximo tribunal de justicia y aseguró que si los trámites gubernamentales para ejecutar la sentencia se realizan de manera diligente, el ex Alcalde del Distrito Federal entre 1994 y 1997 podría salir de Nicaragua esta semana.
Explicó que una vez que se produzca la notificación de admisibilidad de la extradición, la CSJ pondrá a Espinosa Villarreal a la orden de la embajada mexicana, a través de la Cancillería, que por ley deberá exigir garantías al gobierno azteca de que el repatriado tendrá un juicio justo.
Asimismo, dijo que sólo será juzgado por peculado y no por otras conductas penales, tal como pretendía hacerlo la Contraloría mexicana.
El jurista manifestó que tras los trámites protocolarios, el embajador mexicano en nuestro país podría trasladar en su vehículo a Espinosa Villarreal hacia el aeropuerto internacional de Nicaragua para que viaje al país azteca.
PRUEBAS LO INCRIMINAN
José Tristán Sánchez, fiscal de Procesos del Norte, declaró que en la consignación hecha por el Ministerio Público ante el Juzgado Cuarto Penal del Reclusorio Norte, hay elementos de prueba contra el ex alcalde sobre el delito de peculado, según afirma una comunicación cablegráfica de la agencia de prensa Notimex.
Dichas pruebas son, entre otras, las instrucciones por escrito que giró el también ex ministro de Turismo mexicano y cuatro testimonios que lo corroboran para “distraer fondos de la Hacienda Pública del Distrito Federal” correspondientes al presupuesto.
También rolan, dice Notimex, 49 recibos en donde Manuel Merino García, oficial mayor durante la administración de Espinosa Villarreal, recibió 420 millones de pesos mexicanos con cargo a los ejercicios presupuestales de 1995, 1996 y 1997.
La Procuraduría General de Justicia azteca indicó que nunca existieron justificantes y comprobantes de los 420 millones de pesos gastados en compromisos efectivamente devengados por la adquisición de bienes y servicios o la realización de obras correspondientes al presupuesto.
