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GUATEMALA.- El fiscal Leopoldo Zeissig, que acusó a tres militares y a un sacerdote por el asesinato del obispo católico Juan Gerardi en 1998, abandonó el país por amenazas, afirmó uno de sus compañeros.
El fiscal Aníbal Sánchez, asistente de Zeissig, dijo a la AP que su compañero se exilió porque en las últimas semanas junto a su familia fue blanco de intimidaciones y amenazas relacionadas al caso.
Sánchez aseguró desconocer el destino del fiscal. Según la prensa local Zeissig viajó al vecino El Salvador.
“Estamos sorprendidos y en incertidumbre por la repentina partida de Leopoldo, yo hasta hoy (lunes) me enteré que se iba’’, dijo Sánchez.
Zeissig denunció el pasado 19 de julio que en las últimas semanas se habían intensificado las llamadas amenazadoras.
“Existe una estrategia de psicosis para mantener en zozobra al equipo de la fiscalía y a algunos testigos”, afirmó Zeissig en esa ocasión.
El pasado 8 de junio el coronel retirado Disrael Lima Estrada, su hijo el ex capitán Byron Lima Oliva y el ex sargento Obdulio Villanueva fueron condenados a 30 años de prisión por la muerte de Gerardi, ocurrida en abril de 1998.
Además, el tribunal del caso, sentenció a 20 años de cárcel al asistente de Gerardi, el sacerdote Mario Orantes.
Zeissig, de 36 años, estuvo a cargo de las investigaciones del caso en los últimos 21 meses.
Es el tercer fiscal que abandona el caso, que se encuentra en fase de apelaciones, y el segundo que parte al exilio desde que iniciaron las investigaciones.
También el juez Henry Monroy, que conoció el caso en su fase inicial, abandonó el país por amenazas de muerte.
La jueza Iris Barrios, una de los integrantes del Tribunal que sentenció a los acusados, partió el martes a España por razones de seguridad, aunque se confirmó que el domingo volvió al país y se reintegrará a su trabajo.
Barrios sufrió un atentado con explosivos en su vivienda la noche antes que iniciara el juicio del caso.
Gerardi, de 74 años, fue muerto a golpes el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar un informe que acusaba al Ejército como el principal violador de los derechos humanos en el conflicto interno de 36 años que concluyó en 1996.
