- Al año se registra un promedio de 50,000 detenidos en el país, y la mitad corresponde a Managua. Es decir, que en ese mismo período se reportan 25,000 detenidos por delitos de orden criminal, pero los 13 defensores públicos sólo pueden atender 250 casos cada uno. Nicaragua urge de la expansión integral de la Defensoría Pública. A juicio de la doctora María de los Ángeles Mendoza, directora de la Defensoría Pública, el retardo en la consecución de ese objetivo está relacionado con la falta de beligerancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para explorar el terreno de la cooperación internacional.
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
Un año y nueve meses después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) instaló la Oficina de la Defensoría Pública en Managua, el acceso gratuito a la justicia en la capital y resto del país sigue siendo un derecho insatisfecho para un mayoritario segmento poblacional: la gente de escasos recursos económicos.
¿Y cómo podría esta Oficina cumplir con el objetivo para el que la crearon, si el equipo de 13 defensores públicos no da abasto para atender la demanda de servicio en los ocho Juzgados de Distrito del Crimen de Managua, que al año reciben unos 10,000 expedientes?
Según un estudio de la Sala Penal de la CSJ, al año se registra un promedio de 50,000 detenidos en el país, y la mitad corresponde a Managua. Es decir, que en ese mismo período se reportan 25,000 detenidos por delitos de orden criminal, pero los 13 defensores públicos sólo pueden atender 250 casos cada uno.
Desde que la Defensoría Pública inició operaciones –en septiembre de 1999– hasta el 17 de mayo de este año, ha atendido 4,453 solicitudes de servicio. En lo que va de 2001, a esa misma fecha, ha recibido 1,083 peticiones de asistencia legal gratuita.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) creó la Oficina de Defensoría Pública para asistir de forma legal y gratuita a los procesados que, verbalmente o por escrito, soliciten el servicio por no tener capacidad económica para pagar un abogado particular.
La misma Ley indica que la Defensoría Pública proveerá de un abogado a las (o los) demandantes de alimentos o litigantes en lo civil, mercantil, laboral, derecho de familia y agrario.
Sin embargo, desde que la citada Oficina empezó a funcionar, la cobertura sólo alcanza los ocho Juzgados de Distrito del Crimen, y el de Adolescentes, en el casco urbano de Managua, dejando por fuera unas 100 judicaturas más en el resto del país.
CSJ DEBE SER BELIGERANTE
Nicaragua urge de la expansión integral de la Defensoría Pública. A juicio de la doctora María de los Ángeles Mendoza, directora de la Defensoría Pública, el retardo en la consecución de ese objetivo está relacionado con la falta de beligerancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para explorar el terreno de la cooperación internacional.
“La Corte tendría que montar esa estructura en el interior del país… (pero) ha habido falta de beligerancia para explorar ese terreno de la cooperación internacional”, dijo Mendoza.
Durante la Primera Cumbre Centroamericana del Sector Justicia y Sociedad Civil celebrada hace dos meses en El Salvador, el director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para Reformas al Sector Social (PNUD), doctor Jorge Obando, ofreció financiamiento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua para capacitar al personal y equipar mejor a la oficina.
Desde entonces, hasta la fecha, no se ha hecho mayor cosa por impulsar el proyecto de fortalecimiento, aunque cada vez que el tema se plantea ante la CSJ y la Asamblea Nacional la respuesta siempre es la misma: No hay presupuesto.
URGEN 300 DEFENSORES PÚBLICOS
La titular de la Defensoría indicó que explorar posibilidades de financiamiento con la cooperación internacional corresponde a las máximas autoridades de la CSJ, ya que ella no posee autonomía administrativa.
Proyecciones relacionadas con una futura expansión de la Defensoría Pública a nivel nacional indican que la red requeriría de unos 300 funcionarios que serían distribuidos con prioridad en departamentos como Matagalpa, Jinotega y la región Atlántica.
Mendoza, ex jueza de Managua, estimó que los objetivos de la Oficina de Defensoría Pública se han cumplido en un 60 por ciento, pese a las limitaciones humanas y económicas que diariamente enfrentan.
“La Ley dice que la Defensoría Pública atenderá casos en materia penal, laboral, civil, agraria y de familia, pero ni siquiera cubrimos Managua en su totalidad, porque, por ejemplo, siendo Tipitapa un municipio de la capital, no tenemos representación ni ahí ni en Mateare, ni en San Rafael del Sur ni en Villa El Carmen, entre otros”, manifestó Mendoza.
INICIATIVAS FRUSTRADAS
La ex Jueza agregó que el año pasado presentó a la CSJ, un proyecto para ampliar el personal con 26 defensores más. De ese grupo, diez abogados reforzarían el trabajo en Managua y el resto sería destinado a los departamentos.
La CSJ aprobó la propuesta, pero este año le comunicó que por cuestiones presupuestarias el proyecto no se ejecutará, y habría que pensar en ello “cuando la situación del Poder Judicial mejore”.
A la fecha, la institución carece de medios de transporte, por lo que generalmente los abogados se movilizan al “ride”. Para hacer sus escritos, dos o tres deben compartir una misma computadora.
Si bien Mendoza desconoce cuánto es el presupuesto de la Defensoría Pública para el año 2001, está segura de que cualquiera que sea no será suficiente para desarrollar la institución. En el año 2000, el presupuesto de la institución fue de 4,000,000.00 de córdobas, pero el 80 por ciento de ellos se ocupó en salarios.
La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, reconoció que con 13 defensores públicos “no es un hecho el acceso gratuito a la justicia”.
Agregó que ese Poder del Estado no ha cumplido exactamente lo que dice la Ley con los usuarios, porque no tiene dinero para aumentar el personal. No obstante, aseguró, “el presidente de la CSJ Francisco Plata me comunicó que ante el compromiso del PNUD hizo algunas gestiones, pero no le contestaron nada”.
Centeno se mostró optimista respecto de otro proyecto patrocinado por los catalanes y el Bufete Boris Vega de Masaya, que “sí va caminando, y consiste en el financiamiento para nombrar dos defensores públicos en Masaya por tres años”.
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