- Jueces, usuarios y defensores enfrentados en el fragor del “Vietnam jurídico” que los sofoca con la “montaña” de casos.
Algunos jueces consideran que la Defensoría es burócrata, y por eso prefieren a los abogados de oficio
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
Jueces consultados sobre el trabajo que desarrollan los defensores públicos, coinciden en que ha sido meritorio, pero criticaron algunas actuaciones que, a su juicio, deberían corregir para trabajar en armonía y evitar incidentes, como aquel en que una jueza reprendió severamente a una defensora pública por considerar que se estaba extralimitando en sus funciones.
El Poder Judicial no dispone de estadísticas sobre la demanda real de defensores públicos, pero en los Juzgados Séptimo y Cuarto de Distrito del Crimen el servicio no tiene una incidencia significativa, según informaron los jueces Sabino Hernández y Vanessa Chévez, respectivamente.
Algunos resienten el supuesto burocratismo que los defensores públicos exhiben cuando la Policía les remite reos sin abogado, pues se niegan a prestar el servicio hasta que la Directora de la Oficina lo autorice.
“Nosotros no inventamos ese requisito, es un mandato de la Ley Orgánica, y eso es lo que nos diferencia del abogado de oficio. A nosotros nos nombra la Directora de la Defensoría, no el juez ni el secretario, puede parecer burocrático, pero hay que cumplir con la Ley”, planteó la defensora pública Jacqueline Sirias Urbina.
Mientras, Juanita Méndez, Jueza Primero de Distrito del Crimen de Managua, aseguró que en su Juzgado la asesoría legal de los defensores públicos es notoria, en el caso de Chévez la intervención de éstos apenas llega a un 20 por ciento en los casos que ingresan a su judicatura, porque debido al “burocratismo” existente ella prefiere auxiliarse de los abogados de oficio.
Chévez aseguró que ha planteado esa problemática ante la CSJ para ver cómo se soluciona, ya que con la montaña de trabajo que tiene no le queda tiempo para llenar formalidades, “porque la Policía a duras penas da tiempo para indagar al procesado”.
PROBLEMAS CON DEFENSORES
Aracelly Ruiz Guerrero, secretaria de Actuaciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Crimen de Managua, recordó que en dos ocasiones “chocó” con dos defensores públicos que se negaron a prestar el servicio hasta que la jueza llenara la ficha de solicitud, llevaran el documento hasta la Oficina de la Defensoría y lo devolvieran con la firma de la Directora.
Para el juez Hernández, en los últimos cuatro meses los miembros de esa Oficina “han comprendido que no lleva a nada tener al juez como enemigo, han madurado bastante y están actuando con profesionalismo, aunque todavía hay ciertos roces”.
Otro planteamiento se relaciona con la calidad y la constancia del trabajo que ejercen los defensores públicos. “La defensa va más allá del simple presentado, debe ser constante… De 10 inspecciones que he realizado en casos en que ellos están personados no han asistido a ninguna. Entiendo que tienen limitaciones… en fin, hacen su papel hasta donde pueden”, manifestó Hernández.
Indicó que el déficit de defensores públicos es significativo, por cuanto en una ocasión se reunió con 45 reos en el Sistema Penitenciario. De ellos, 12 se quejaron de la falta de un asesor legal y otro tanto de que no los visitan.
Otros administradores de justicia opinan que el auxilio judicial de un reo no será ciento por ciento efectivo si su abogado(a) presenta escritos “por salir del paso”, o si después de personarse retoma el caso hasta que el juez va a dictar sentencia interlocutoria.
Una situación así ocurrió con una abogada que pidió sobreseimiento para su detenido por robo con fuerza, y en el escrito conclusivo plasmó su nombre, el del reo, el delito y el número de expediente. A continuación invocó los Artículos 46 y 34 de la Carta Magna y el 55 del Código de Instrucción Criminal.
El escrito pide al juez de la causa que se presuma la inocencia del reo mientras no se demuestre lo contrario, y lo sobresea definitivamente “por no reunir (la acusación) los requisitos que establecen los Artículos claros y precisos de nuestro procedimiento criminal, como son los Artículos 64-65 y 56 del cuerpo de Ley señalado”.
Quizás sea por hechos como éste, que entre algunos sectores la Defensoría Pública no goza de mucha demanda, y en algunas ocasiones los abogados son relevados por privados.
Doña Luisa del Carmen Zamora cree que entre la población existe la percepción de que es más efectivo el trabajo de un abogado al que se le paga que el de uno que no cobra honorarios.
Aseguró que en su caso ella tuvo que prescindir del servicio de una defensora pública porque le hacía falta beligerancia, y ahora está pagando 2,500 córdobas a un abogado particular para que defienda a su yerno acusado de violación.
DEFENSORAS SE DEFIENDEN
Otra queja común entre los judiciales se refiere a la oposición de los defensores públicos a que los reos declaren si ellos no están presentes. La titular de la Defensoría Pública piensa que, hasta cierto punto, estas posiciones de los jueces “reflejan la resistencia a cambiar estilos de trabajo”.
A su juicio, los jóvenes abogados se han convertido en “garantes del debido proceso”, rompiendo así con prácticas anacrónicas que vulneran los derechos de los procesados.
Jacqueline Sirias Urbina y María José Zeas, miembros del equipo de defensores públicos, rechazaron los señalamientos sobre la supuesta “ligereza” con que algunos trabajan, e hicieron ver que si bien las limitaciones son grandes ejercen su función a conciencia.
Reconocieron que asumen cada caso sin conocer el expediente del reo, y que si alguna vez presentan sus alegatos de manera resumida es porque sólo existe denuncia, se carece de pruebas, y el ofendido ni siquiera se presenta a declarar.
“Nos sentimos comprometidos con el reo, ya sea por su pobreza, por su falta de cultura o su soledad… damos lo mejor de nosotros (una buena defensa) no depende del escrito, aunque los conclusivos son amplios y contienen un análisis del caso, si se comparan los escritos de un abogado de oficio con los nuestros notarán la diferencia”, dijo Sirias Urbina.
Hardlen Huete y Sheyla Calero coincidieron en que el ejercicio de la defensoría pública abunda en dificultades, y aseguran que el mejor reconocimiento a su función llega cuando logran un sobreseimiento definitivo o provisional para su representado.
“La experiencia ha sido enriquecedora, y aunque el trabajo es pesado no le veo el ángulo ingrato. No me surge la idea de renunciar, tengo expectativas de crecer junto con la institución, dijo Calero.
CRITICAS Y HALAGOS
El ejercicio de la Defensoría Pública tiene sus críticos, pero también goza del aprecio de la población usuaria entre la que se ha ganado el respeto y la gratitud. Algunos, como la profesora Vilma Pastora Salazar, sólo atinan a expresar su agradecimiento mediante cartas.
En una misiva dirigida a la Directora de la Oficina, la docente afirma que la institución le está “lavando la cara a la justicia de nuestro país”, y felicita a la abogada María José Zeas, por haber logrado la libertad de su hijo, poniendo en su trabajo “alma, vida y corazón”.
Rosa Argentina Ortega gana 500 córdobas al mes, es vecina de Ciudad Sandino y tiene nueve hijos. Tres de ellos están detenidos. Es la segunda vez que acude a la Defensoría Pública. En la primera ocasión logró que le suspendieran la condena a un pariente. “Quedé satisfecha porque el abogado se movilizaba y nunca me pidió un centavo”, dijo.
Esperanza Cortés Acevedo, vecina del Reparto Schick, pagó 500 córdobas a un abogado particular que a duras penas elaboró dos escritos a favor de su esposo, capturado por supuesto incumplimiento de contrato, sin que el matrimonio supiera de la existencia de dos órdenes de captura. “Me recomendaron que viniera y aquí me han atendido amablemente”, expresó.
Por su parte, Esperanza López, soltera y madre de ocho menores de edad, se gana 30 córdobas al día por su trabajo de lavar ropa ajena. Uno de sus hijos fue acusado de rapto y acudió a la Defensoría cuando una miembro del equipo se puso a la orden para ayudarla.