- Diversas instituciones y organimos demandan que el gobierno declare
el “Estado de Emergencia” - Funcionaria insiste en minimizar
problema de hambruna
Benjamín Blanco, Mariela Ocón y Nidia [email protected]
Diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil pidieron ayer al gobierno que decrete un Estado de Emergencia en más de 30 municipios del país donde miles de pobladores padecen de hambre por efectos de crisis del café, la sequía y las inundaciones.
Tanto la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos como la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, solicitaron al gobierno declarar “zona de emergencia” las comunidades afectadas por las lluvias y la sequía.
También cuatro diputados sandinistas que presiden distintas comisiones en el Parlamento, proponen al Presidente reformar urgentemente el Presupuesto General de la República para destinar fondos a municipios azotados por la hambruna.
“Nosotros estamos planteando como una salida emergente que los fondos de los 445 millones de dólares que condonó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Ejecutivo prepare de inmediato una reforma al Presupuesto General de la República para destinar recursos a los sectores que padecen hambre”, indicó el diputado Alberto Jarquín, quien preside la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la Asamblea Nacional.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Acción Social, Jamileth Bonilla, insistió una vez más en que el gobierno tiene “suficiente capacidad” para responder ante cualquier emergencia en los próximos cuatro meses.
Aseguró que “existe extrema pobreza y hambre en el país, sin embargo, aún no se presentan casos masivos en las comunidades. Los casos que se presentan los estamos atendiendo, se está ofreciendo trabajos temporales, mientras la situación mejora”, dijo.
Sin embargo, el canciller Francisco Aguirre Sacasa, ayer anunció que el gobierno de Estados Unidos otorgará a Nicaragua seis millones de dólares en desembolso rápido de ayuda alimenticia para las miles de familias afectadas por la sequía, y señaló que el Ejecutivo, además, gestiona ayuda con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Bonilla aseguró que hasta la fecha el gobierno atiende aproximadamente 40 municipios de la zona de Occidente que están afectados por la sequía y 40 mil pequeños productores que están siendo beneficiados con ayuda del PMA con la entrega de semillas.
A criterio de Bonilla, hasta la fecha el país ha pasado por graves crisis debido a desastres naturales y “nunca se ha decretado zona de emergencia, no hay necesidad. Todos los años hay pérdidas y aún mayores a la de este año”, indicó.
Mientras tanto, la diputada sandinista Rita Fletes, presidenta de la Comisión de la Salud del Legislativo, indicó que “los organismos internacionales pueden actuar a corto o a mediano tiempo en la medida que el gobierno se sensibilice y declare ‘Estado de Emergencia’”, afirmó.
La Coordinadora Civil solicitó de forma “urgente” también activar los comités municipales de emergencia, las alcaldías en conjunto con la Cruz Roja, para dar respuesta oportuna a los problemas de hambre, vivienda, trabajo y salud a la población.
ESTADO DE EMERGENCIA
– Según Ana Quirós, miembro de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, declarar Estado de Emergencia para las zonas afectadas implicaría:
– Dedicar recursos económicos y materiales de forma permanente a las zonas.
– Que el gobierno se convierta en mediador para que agricultores y bancos lleguen a acuerdos sobre las deudas por cosechas perdidas.
– Reunir a todas las instancias y organismos involucrados a trabajar de manera conjunta sin necesidad de establecer garantías.
– Control absoluto sobre los medios de transporte para garantizar que la ayuda llegue a los más necesitados.