Emilio Porta P.
La globalización, así como la reactivación económica que Nicaragua empezó a experimentar a partir de 1990 (después de una década de retroceso económico), y el bajo nivel de escolaridad observado, han premiado a la Educación Superior con tasas de retorno considerablemente altas.
Según estimaciones hechas sobre la base de la EMNV´98, sólo el 4% de la población cuenta con una Educación Superior completa. Esta escasa oferta de profesionales hace muy rentable la inversión en Educación Terciaria. Los alumnos que terminan la Educación Superior reciben, en promedio, un sueldo dos veces superior al de aquéllos que cuentan con Educación Superior incompleta, y seis veces superior del que reciben los que no cuentan con ningún nivel educativo aprobado.
Debido a la alta rentabilidad de la Educación Superior, sería deseable que las universidades expandieran su matrícula. Sin embargo, esto casi no ha sucedido en las universidades que reciben financiamiento estatal. Adicionalmente, es importante destacar que este grupo de universidades tampoco ha reaccionado ante la creciente demanda por educación de los alumnos que terminan la secundaria. Cada año son más los alumnos que terminan sus estudios secundarios y no encuentran cupo en estas universidades para continuar estudiando. Se calcula que para este año más de 25,000 alumnos, el 72% de los egresados de secundaria del año 2000, no encontraron cupo en las universidades financiadas con los recursos del 6%.
En la actualidad, los jóvenes que egresan de la secundaria no cuentan con información estadística y estandarizada que les permita escoger su centro de educación superior. El factor que determina la elección es el dinero. Si carecen de recursos saben, a priori, que sus opciones se limitan a las universidades que reciben aporte estatal. Sin embargo, el bajo crecimiento de la matrícula de estas casas de estudios torna cada vez más difícil el acceso a la educación superior de los sectores con menores recursos económicos.
Debido a la alta rentabilidad privada que reporta la educación superior y a la escasa cobertura que brindan las universidades que reciben aportes del Estado, la tasa de crecimiento de las otras universidades, que empezaron a operar a principios de los noventa, ha aumentado considerablemente. A la fecha, representan casi el 50% del total de la matrícula de la educación superior.
Sin embargo, el Estado y la ciudadanía no cuentan con información objetiva sobre la calidad de la enseñanza de estas nuevas universidades. Las familias nicaragüenses confían su futuro en instituciones de las cuales no poseen información; básicamente toman su decisión a ciegas. Esta asimetría de información debe motivar al Estado a la acción y sustenta —en parte— nuestra propuesta de implementar un sistema de acreditación. Este sistema debe estimular a esas casas de estudios y a las que actualmente reciben fondos, a revelar información que permita elaborar un ranking, mediante el uso de indicadores de las diferentes carreras y/o universidades. El resultado de este ranking debe ser difundido de forma masiva, en especial a aquéllos que cursan la secundaria.
El estímulo para acreditarse podría ser permitir a las universidades beneficiarse de los fondos estatales. No es racional continuar financiando un sistema ineficiente de forma indeterminada, ni limitar las elecciones de los estudiantes de menores recursos. Si una universidad privada produce educación de igual o mayor calidad que una estatal, no hay argumento válido para negarle recursos del Estado. De este modo, la libre competencia de fondos estimulará a las universidades a ser eficientes y a elevar la calidad de su enseñanza.
* El autor es profesor de la Universidad Thomas More.
