- Lewites insiste que deberá pagar la deuda que tiene con la comuna
Jorge Loáisiga [email protected]
El alcalde de Managua, Herty Lewites, insistió en que la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones debe pagar los 375 millones 627 mil 314 córdobas con 20 centavos que le adeuda a la comuna en concepto de pago de impuestos, y reconoció que Enitel introdujo un recurso de revisión que será resuelto en los próximos 30 días.
Mientras tanto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, y vicepresidente de la Junta Directiva de Enitel, Esteban Duque Estrada, dijo que el presidente de le República, Arnoldo Alemán Lacayo, lo instruyó para que defendiera a la telefónica de las acciones que puedan derivarse contra la empresa.
“Eso significa que si la Alcaldía embarga un bien de Enitel, Hacienda pondría una garantía del tesoro para que se levante el embargo, pero no se puede embargar ningún bien del Estado”, dijo Duque Estrada.
“Por otro lado, la otra instrucción que yo tengo es que si se produce un fallo judicial en contra de Enitel, el Estado a través del fisco asuma las responsabilidades de ese fallo. Esa es la disposición que tiene el Estado de proteger a Enitel.”, precisó el titular de Hacienda.
“Enitel tiene que pagar. Aquí no hay asuntos políticos de por medio. Si yo no cobro puedo caer preso. Se tiene que cumplir la ley. Fue el presidente Alemán cuando era alcalde, quien creó ese impuesto del 10 por ciento sobre facturación”, expresó Lewites.
Según el alcalde capitalino, las gestiones para que Enitel pagara a la comuna se venían realizando desde 1999, cuando la Alcaldía empezó a hacer los primeros cobros.
Lewites precisó que la Dirección de Fiscalización de la Alcaldía de Managua envió en noviembre de 1999 a la Gerencia Financiera de Enitel, que estaba presidida por Pedro López Calero, una carta notificándoles que se haría una revisión al pago de sus impuestos. Enitel solicitó entonces una extensión del plazo.
El 31 de enero de 2000 se volvió a enviar una carta solicitando la revisión. Una vez más se le dio plazo. En marzo de 2001 se inició una auditoría que concluyó el seis de julio, y de la cual se deriva el cobro de los más de 375 millones de córdobas.
