Gustavo Ortega [email protected]
Los industriales hondureños anunciaron ayer su disposición de demandar a Nicaragua por los supuestos daños provocados con el establecimiento del arancel del 35 por ciento a las importaciones, creado a raíz de que el vecino país y Colombia ratificaron el Tratado Ramírez-López, que le cercena a Nicaragua 130,000 kilómetros de plataforma marítima.
“En la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) ya giramos instrucciones a todos los afectados para que preparen la documentación de los daños sufridos a causa del arancel, y vamos a ponerle demandas a Nicaragua”, afirmó el presidente de esa organización, Adolfo Facussé, según información vertida en la agencia cablegráfica AFP.
Agregó que la base legal de las demandas será una resolución que emitió el pasado 4 de julio la Corte Centroamericana de Justicia ordenando a Nicaragua suspender el arancel.
Sin embargo, la viceministra de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Azucena Castillo, aseguró que la resolución de la CCJ “no es una resolución de fondo sino que es una resolución pendiente sobre medidas precautelares”.
Indicó que estas medidas precautelares (preventivas) fueron establecidas inicialmente para Honduras cuando la misma corte le solicitó la anulación del Tratado Ramírez-López. “Son cosas que son del ámbito de las cancillerías”, subrayó.
Indicó que respecto al 35 por ciento, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el pronunciamiento de la CCJ, “la misma resolución dice que el asunto lo analizará la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), no hay ninguna sentencia en contra de Nicaragua, lo que decida el SICA debe ser en consenso”, señaló.
Dijo esperar siempre la mejor solución del conflicto “siempre y cuando Honduras cumpla, nos interesa un clima de armonía”.
Según la información publicada por AFP, desde que entró en vigencia el arancel (primero de diciembre de 1999) unas 55 empresas han sufrido pérdidas estimadas en 30 millones de dólares, debido a que los industriales hondureños dejaron de exportar a Nicaragua productos valorados en 105 millones de dólares.
Según Facussé, la CCJ no tiene competencia en el ámbito de litigios territoriales, por lo que la justificación de Nicaragua queda sin validez.
La misma agencia cablegráfica reportó que Honduras, que tiene la Secretaría pro témpore de la integración centroamericana, convocó “de urgencia” al Consejo de Ministros de Economía y Comercio del istmo para analizar la negativa de Nicaragua de suspender el arancel en cuestión.
