Procuraduría defenderá derechos de los usuarios

En un recorrido por los barrios, Benjamín Pérez dijo que clientes pueden acudir a la institución que inició un estudio legal sobre el alza del agua Noel Hernández Ramos [email protected] La Procuraduría de Derechos Humanos decidió encabezar el rechazo de los usuarios contra el alza diferenciada del agua potable y alcantarillado sanitario que la Empresa […]

  • En un recorrido por los barrios, Benjamín Pérez dijo que clientes pueden acudir a la institución que inició un estudio legal sobre el alza del agua

Noel Hernández Ramos [email protected]

La Procuraduría de Derechos Humanos decidió encabezar el rechazo de los usuarios contra el alza diferenciada del agua potable y alcantarillado sanitario que la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) aplicó en mayo pasado, con la entrada en vigencia del nuevo pliego tarifario de estos servicios.

La defensa de los derechos de los usuarios arrancó ayer con un plan de visitas a cuatro barrios de la capital, donde se recopilarán las opiniones de los habitantes para realizar un informe que será presentado la próxima semana en la Oficina de Defensa del Consumidor.

Flor Elena Ruiz, directora de Defensa de la Procuraduría, informó que paralelo a este proceso de consulta se solicitará a expertos fiscales la elaboración de un informe sobre la legalidad del incremento tarifario aprobado por el ente regulador, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).

Ruiz, expresó que uno de los puntos que será tomado en cuenta es la aplicación de tarifas diferenciadas, como es el caso de los barrios residenciales que fueron golpeados con un alza del 66.06 por ciento, para subsidiar a los asentamientos.

“Los barrios residenciales no tienen por qué costear algo que en realidad le toca costear al Estado. La tarifa no es justa porque tiene que ser a igual consumo igual pago”, indicó.

RESULTADOS A LA ASAMBLEA

Los resultados de esa investigación serán presentados la semana próxima a la Asamblea Nacional para que analicen la legalidad de este tributo aprobado fuera del Poder Legislativo, señaló Ruiz.

El proceso de consulta inició la tarde de ayer luego que el Procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez, visitó 12 viviendas del Barrio Monseñor Lezcano. Las visitas continuarán en los próximos días en Ciudad Sandino, Santa Rosa y Waspam.

Pérez, declaró a LA PRENSA que el alza representa una violación a los Derechos Humanos de los usuarios, por lo que dijo que la Procuraduría está dispuesta a atender los pronunciamientos si es que rechazan el incremento, “porque de alguna forma hay que exigir y emplazar a nuestras autoridades y con quien haya que hablar”, sostuvo.  

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