- Prueba constó de 129 preguntas formuladas por los Estados miembros de esa organización mundial
Juan Carlos Bow [email protected]
Una comisión técnica nicaragüense aprobó un examen realizado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que consistía en un análisis y comparación de la legislación interna nicaragüense con el Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (ADPIC).
Nicaragua presentó su examen el martes pasado, en el marco de la III Sesión Extraordinaria del Consejo de los ADPIC de la OMC, que se realiza en Ginebra, Suiza, desde el lunes y finalizará hoy viernes.
Azucena Castillo Barquero, viceministra de Fomento, Industria y Comercio, presidió la presentación de Nicaragua ante los Estados miembros de la OMC, que formularon 129 preguntas, según nota de prensa enviada desde Ginebra.
Castillo realizó una presentación y explicación de los instrumentos que conforman el marco jurídico nacional para la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, según el documento.
Reconoció “la obligación de observar y proteger de manera eficaz y adecuada todos los derechos de propiedad intelectual”, aunque reconoció que el país enfrenta grandes e importantes retos vinculados a su proceso de desarrollo.
Ésta es la segunda vez que Nicaragua, bajo la administración del presidente Arnoldo Alemán, se somete a un examen elaborado por ese organismo comercial. En 1999 el país presentó su primer examen ante la OMC, ocasión en la que se examinó la política comercial de Nicaragua.
LEYES CONTRADICTORIAS
Aunque Nicaragua aprobó el examen realizado por la OMC, hay especialistas que aseguran que existen contradicciones entre el marco jurídico nacional de la propiedad intelectual y ese acuerdo.
Guy Bendaña Guerrero, especialista en la materia, dijo en declaraciones pasadas a LA PRENSA, que las leyes que más contradicciones tienen son: Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Marcas.
Aseguró que en la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, se establece que el Registro de Propiedad Industrial e Intelectual (RPI), está facultado por oficio a anular una patente, pero en la misma ley, se dice que la única autoridad facultada, para tal acción, es el Poder Judicial.
Mientras en el ADPIC se establece que para cancelar un derecho de propiedad intelectual se debe hacer un juicio, en el cual la parte interesada debe ser oída y no se puede actuar de oficio, según dijo Bendaña.
Ambrosia Lezama Zelaya, directora del RPI, manifestó que “en el marco jurídico de propiedad intelectual hay ciertas debilidades, pero que dentro del marco de las disposiciones generales del ADPIC, estamos cumpliendo cabalmente”.
