- Tribunal guatemalteco dicta sentencia contra 3 ex militares y un sacerdote en caso del asesinato de monseñor Juan Gerardi, en abril de 1998
- Ordenan también investigar al poderoso Estado Mayor Presidencial por sospecha de vínculos con el hecho
AFP
GUATEMALA.- El Tribunal Tercero de Sentencia de Guatemala ordenó este viernes investigar al Estado Mayor Presidencial (EMP) para determinar su participación en el asesinato del obispo Juan Gerardi, por el que en la madrugada fueron sentenciados a 30 años de prisión tres militares y un sacerdote.
Según el tribunal, altos mandos del EMP, uno de los más temidos órganos del Ejército, “podrían haber participado como colaboradores, en la planificación o como autores intelectuales del crimen” del obispo, ocurrido el 26 de abril de 1998 en la casa cural de la parroquia de San Sebastián, en Ciudad Guatemala.
El proceso judicial está dirigido contra el ex jefe del EMP, coronel Rudy Pozuelos, así como los mayores Andrés Villagrán y Juan Escobar, según indicó la resolución judicial.
El tribunal también dispuso abrir causa penal contra el fotógrafo del EMP Darío Morales, el ex jefe de personal del EMP, capitán de navío, Manuel Fernández, así como a otros ocho hombres, éstos por el delito de falso testimonio.
CONDENA A ASESINOS MATERIALES
El mismo condenó a la pena máxima de 30 años de prisión como coautores del asesinato al coronel (r), Disrael Lima Estrada, de 60 años; a su hijo, el capitán Byron Lima Oliva (31), y al ex sargento militar Obdulio Villanueva (36).
También como cómplice, fue condenado a 20 años de prisión el sacerdote Mario Orantes (38), un cercano colaborador de Gerardi.
Tras conocer la sentencia, los militares y el sacerdote lamentaron la decisión, y uno de ellos dio a entender que apelará.
“La lucha definitivamente no termina y como buen soldado voy a continuar en la batalla”, declaró a la prensa uno de los sentenciados, el ex jefe de la Inteligencia Militar, coronel (r) Disrael Lima Estrada.
El EMP debía ser desarticulado el 14 de enero de 2000 en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pero tanto el ex presidente Alvaro Arzú (1996-2000), como el actual mandatario, Alfonso Portillo, incumplieron ese plazo, al alegar que por ser el ente encargado de guardar la seguridad del presidente y su familia, primero debe cumplirse un proceso para disolverlo.
El tribunal absolvió de culpa a una empleada doméstica que había sido acusada de encubrimiento.
DEDOS APUNTANDO AL EJERCITO
En Guatemala, entre 1970 y 1984 fueron asesinados cientos de catequistas, 19 sacerdotes y una religiosa. Los 36 años de guerra, finalizados en 1996, dejaron más de 200,000 muertos o desaparecidos. “Las responsabilidades de gran parte de estas violaciones alcanzan, en la línea de mando militar y de la responsabilidad política y administrativa, a los más altos grados del Ejército y de los sucesivos gobiernos”, advirtió un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, patrocinada por la ONU.
MOVIL POLITICO, SEGUN CORTE
– El tribunal determinó que el móvil del asesinato fue político, y que los militares decidieron matar al obispo Gerardi después que éste responsabilizó principalmente al Ejército de las violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto armado de 36 años (que concluyó en diciembre de 1996).
– Gerardi había dado a conocer ese informe el 24 de abril, dos días antes de su asesinato. El obispo, un reconocido defensor de los Derechos Humanos y vinculado al trabajo pastoral con los más pobres e indígenas del país, fue encontrado en el garaje de la casa cural con su cráneo y rostro completamente destrozados por golpes contundentes.
– La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por las Naciones Unidas, en su informe presentado en febrero de 1999, acusó al EMP de haber secuestrado, torturado, desaparecido y asesinado a decenas de opositores políticos durante el conflicto armado.
