Carlos Ball* (AIPE)
MIAMI.- La gente de Estados Unidos pagó 951,600 millones de dólares en impuestos sobre la renta durante el año 2000. Desde tiempos de la Segunda Guerra los políticos lograron que la gran mayoría de las personas apenas se den cuenta de lo que pagan en impuestos sobre la renta, debido a que las empresas donde trabajan les hacen las deducciones por nómina. Si no lo vemos, no nos duele.
Pero esa inmensa cifra —casi 10% del PIB— está muy lejos de ser lo que nos cuesta el gobierno federal. Los políticos y burócratas se han encargado de escondernos otra cifra de similar magnitud: El costo de las regulaciones impuestas por Washington. Esas regulaciones del medio ambiente, económicas y sanitarias nos costaron 788 mil millones de dólares el año pasado. Así es que cada vez que usted oiga a algún funcionario diciendo las maravillas que hace su agencia respecto a la preservación de los pantanos y de las lechuzas o cuando usted camina por una rampa hacia un baño público que resulta ser más grande que la sala de su casa (para que puedan maniobrar las sillas de ruedas), se trata del tipo de regulaciones cuyo costo no aparece en el presupuesto nacional sino que sale indirectamente de su bolsillo.
Regular es la actividad favorita de los funcionarios públicos. A través de las regulaciones el funcionario ejerce su poder sobre todos nosotros, adelanta la agenda política de sus superiores, gana puntos con los grupos de presión que le sacan ventajas a esas mismas regulaciones y su costo lo asumen terceros (el dueño del terreno que se inunda dos semanas al año y donde no se puede construir nada para preservar los pantanos o el dueño del restaurante que terminó pagando más por el baño que por la cocina). Pero debemos tener claro que el costo de las regulaciones lo termina pagando el consumidor en productos y servicios más caros.
Las regulaciones impuestas por Washington aparecen en el “Registro Federal” (Federal Register), publicación que contiene 74,258 páginas. Clyde Wayne Crews, del Competitive Enterprise Institute, estima que las normas y regulaciones del Registro Federal le cuestan 7,410 dólares al año a la familia promedio, o sea alrededor del 18% del presupuesto familiar, después de haber pagado sus impuestos.
La administración, supervisión y vigilancia de este mamotreto regulador de nuestras vidas, propiedades y actividades le cuestan 19,000 millones de dólares al gobierno federal.
A quienes les interese (y les duela) el tema, quiero recomendarles la lectura de “Los 10 mil mandamientos” (“Ten Thousand Commandments”) de C. W. Crews en www.cei.org . Menos mal que la mentalidad divina es totalmente diferente a la de los políticos y burócratas. Los cristianos nos regimos por sólo 10 Mandamientos perfectamente claros y precisos, mientras que la Iglesia tiene cosas más importantes que hacer que editar cada año un registro cristiano de miles de páginas de instrucciones para los creyentes. ©
* Director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute.
