- Firma privada de auditores ya había detectado irregularidades en adquisición
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Las irregularidades cometidas por funcionarios de la Empresa Nicaragüense de Energía (Enel) al comprar un terreno de 47 mil 977. 62 varas cuadradas con valor de 215,899.29 dólares equivalentes a dos millones 396 mil 568 córdobas para la Subestación de Ticuantepe, serán investigadas por la Contraloría General de la República.
Así lo confirmó el contralor colegiado Luis Ángel Montenegro quien dijo que “existe un informe de la firma de contadores públicos Donking & Argüello desde 1999 dirigido al ingeniero Edgar Quintana, donde le señalaban la serie de irregularidades cometidas en la compra de un terreno de 47,977.62 varas cuadradas”.
El informe a que hizo referencia Montenegro está en Poder de LA PRENSA desde los primeros días de mayo y el 15 de mayo se publicó parte del mismo, en este diario.
Según el contralor colegiado este caso lo conoció a través de LA PRENSA en su publicación del 15 de mayo pasado y a raíz de esto él llevo el caso al seno del Consejo Superior de la Contraloría donde se aprobó solicitar información a Enel sobre el caso y practicar un examen especial de auditoría para determinar los daños económicos causados al Estado y las violaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del ente fiscalizador.
VIOLACIONES A LEY
El informe de consultoría de la empresa Deloitte y Touche asociada con Donking y Argüello precisa que en la adquisición de este terreno se violó el artículo primero de la Ley de Contrataciones, es decir, las normas generales y de contratación administrativa para las adquisiciones de bienes y servicios por cuenta del Gobierno Central, entes descentralizados y municipales.
Además del artículo primero se violaron los artículos del 9 al 33, 35, 36, 37, 42, 54 y del 68 al 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, los que señalan los pasos a seguir para iniciar un proceso de compra y adjudicación por vía de licitación pública, desde el registro y calificación de los oferentes hasta el proceso de comparación y selección de oferta.
El documento también hace referencia a que se contravinieron las normas técnicas de control interno para el sector público promulgadas por la Contraloría.
QUINTANA CONOCIA INFORME, PERO NO TOMO MEDIDAS
En ese sentido el informe precisa que el ingeniero Ramón Sequeira, como gerente de Ingeniería y Proyectos de la División de Transmisión participó directamente del diseño del Proyecto, contactó a los oferentes, comparó ofertas e inclusive negoció precios, “además aparece firmando la solicitud de emisión de cheque y el recibo del pago del beneficiario de la compra. Esta actuación contraviene la norma de segregación de funciones”, indica el informe de auditoría.
Freddy Solís, socio de Delloitte y Touyche asociada con Donking y Argüello envió los resultados de su trabajo el 26 de febrero de 1999 al entonces presidente ejecutivo de Enel, Edgard Quintana, quien no reportó las irregularidades a la Contraloría, ni tomó las medidas correctivas necesarias, si no que al parecer optaron por mantener oculto el informe.
El documento era claro en explicar en su parte conclusiva que se podría determinar responsabilidad administrativa en grado superior de culpa previsible por violación de las normas jurídicas de control a los ingenieros José Ramón Jarquín, en su carácter de Gerente de Ingeniería y Proyectos de la División de Transmisión de Enel, a Lorena Villalta, asesor legal de Enel.
Otros que podrían resultar con responsabilidad administrativa son Jaime Parra, Gerente Administrativo Financiero de la División de Transmisión; Rodolfo López, Gerente de la División de Transmisión; Salvador Mansell, vicegerente de la División de Transmisión y Humberto Chavarría, Jefe de Finanzas y Contabilidad de la División de Transmisión. “Sin omitir que destacar que las normas de controles ya aludidas consideran la extensión de la responsabilidad hacia instancias superiores de áreas financieras y titulares”, concluye el informe.
