Jorge Loáisiga [email protected]
El presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, remitirá a la Juez IV de Distrito del Crimen de Managua, Vanessa Chévez, los exámenes de auditoría que realizó el ente fiscalizador en la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) en el caso de la instalación de 1,200 líneas telefónicas en las ciudades de Matagalpa y Bluefields.
Argüello que rendiría declaración testifical, dijo no ser un testigo de los hechos que investiga la judicial porque no presenció los actos investigados, razón por la cual Chévez suspendió la declaración del contralor.
Sin embargo, éste se comprometió con Chévez a enviar la documentación que está en poder de la Contraloría y los exámenes de auditoría practicados por el ente fiscalizador sobre este caso.
“Frente a las decisiones judiciales la Contraloría sólo debe inmediato cumplimiento. A la señora juez le expresé que dado lo voluminoso del expediente en un par de días lo tendríamos listo para enviárselo”, aseguró Argüello en declaraciones posteriores a los medios de comunicación.
En abril pasado el contralor Luis Ángel Montenegro habría denunciado que con los contratos que se contrajeron entre las empresas Instalinex, Calero Pereira y Enitel, se produjo un enorme fraude al Estado de más de 45 millones de córdobas y que el caso podría ser de por lo menos seis millones de dólares.
En este caso donde el principal acusado es el empresario Ronald Calero y la investigación fue ampliada por la juez Chévez contra el presidente de Enitel, Salvador Quintanilla, la judicial ha pedido el auxilio de la Policía Económica para investigar las circunstancias en que esa institución aprobó un adéndum al contrato de instalación de las 1,200 líneas telefónicas en el que la firma de uno de los suscriptores fue falsificada.
El abogado acusador, Noel Alonso Cano, dijo que entre los documentos que remitirá la Contraloría están las pruebas documentales y la certificación del Laboratorio de Criminalística de la Policía en donde se hace constar que la firma de su cliente, Blanca Rosa López Mendoza, fue falsificada.
En este caso se habría dañado económicamente al Estado entre cuatro y seis millones de dólares de acuerdo a los avances de auditoría de la Contraloría.
Boanerges Irías y Alfredo Cerda, funcionarios de Enitel han declarado en el Juzgado IV de Distrito del Crimen que las supuestas obras de instalación de las 1,200 líneas telefónicas tanto en Matagalpa como Bluefields no existieron.
