Claudia L. Chamorro B.
Después de leer la entrevista al señor Jaime Morales Carazo, asesor personal del Presidente, publicada en el Diario LA PRENSA el pasado domingo 13 de los corrientes, en la que emite juicios sobre mi persona absolutamente equivocados, me veo obligada a recordarle los hechos que rodearon la “ocupación” de su casa por parte de Daniel Ortega.
Cuando en junio de 1979, viviendo en el exilio en Costa Rica, la Guardia Nacional destruyó y saqueó mi casa en Managua, situada en el kilómetro 18 de la Carretera Vieja a León, él y su esposa Amparo, en un gesto de amistad que todavía recuerdo con aprecio, me brindaron toda su solidaridad.
Un mes después, al triunfo de la revolución, yo de regreso a Managua y ellos en México, concretaron su apoyo ofreciéndome su casa que viviera en ella con mi familia, oferta que decliné porque era muy grande para mis necesidades familiares y para mis posibilidades económicas.
En esos días, Rosario Murillo me comentó que ella y Daniel buscaban una casa que no se saliera de los límites de la ciudad y que reuniera ciertas características. Le comenté que él buscaba un inquilino, que si ellos tenían interés, yo les pondría en contacto. Ella asintió y yo la puse en contacto con él y Amparo.
Como resultado, Amparo viajó expresamente a Managua y realizó directamente las negociaciones de alquiler e hizo entrega formal de la casa. Por mi parte, no solamente la acompañé junto a su nueva inquilina a hacer el recorrido de rigor por el inmueble, sino que presencié la entrega de las llaves y conocí el arreglo al que llegaron las dos partes, que consistía en que los Ortega pasarían la mensualidad a unas parientes suyas cuyos nombres nunca conocí.
A partir del día de la entrega de su casa no supe más del caso, la situación de su casa le corresponde a él aclararla con el propio Daniel Ortega en el marco de las negociaciones políticas o reuniones amistosas que suelen sostener, o dilucidarlo ante los tribunales correspondientes.
Es inimaginable que el señor Morales Carazo que ha sido uno de los negociadores directos con Daniel Ortega de unos pactos que han reformado la Constitución y la Ley Electoral, degradando groseramente nuestra incipiente democracia, recomponiendo la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, y que a la vez es asesor y padrino del Presidente de la República, no haya podido resolver ese tema directamente o recibido una indemnización. De esto, que es materia pública, deberíamos estar informados los nicaragüenses.
