- Un proyecto turístico millonario en las playas de Tola enfrenta problemas porque la empresa Geninsa compró tierras allí
- Ya habían invertido más de 500 mil dólares en los planos de 113 lotes arrendados, cuando les llegaron a cercar las playas
Jorge Loáisiga Mayorga y Douglas Carcache
En marzo pasado Nicaragua se presentó en la Bolsa Internacional del Turismo de Berlín como “un país donde está todo por descubrirse”, dotado de un marco legal que, además de asegurar la inversión extranjera, ofrece grandes beneficios fiscales si ésta se produce en el ámbito turístico.
“La exoneración fiscal puede llegar a ser del 70 por ciento”, dijo en la presentación de Nicaragua, el director comercial del Ministerio de Turismo nicaragüense, Raúl Calvet.
Sin embargo, esas promesas en el exterior pueden ser obstaculizadas dentro de Nicaragua, a veces por problemas de propiedad que impiden el desarrollo de proyectos de inversión turística.
El vicealcalde de Tola, José Julián Gutiérrez Medina, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), negó que haya problemas con los inversionistas en la zona, pero LA PRENSA conoció algunos casos que pueden afectar mucho la imagen del país ante los inversionistas extranjeros.
Un intento de 4 años
El Proyecto de Desarrollo Ecoturístico Internacional, por ejemplo, ha sido obstruido durante cuatro años, a pesar de que en él participan inversionistas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Costa Rica.
Consiste en edificar las costas de Conejo, Arena Payaste, Gavilán, Costa Larga y Llanito, de Tola, Rivas, el complejo turístico “Club Bahía Astilleros” que incluiría hoteles, casas de habitación, casas de recreo, restaurantes, casas de playa y centros médicos especializados.
“Hay problemas. Estamos hablando con el alcalde para superar estos problemas, están ahí y no hemos podido despegar nuestro proyecto”, dijo Mario Alberto Masís Segura, de la empresa consultora Desarrollo Contemporáneo S.A., representante de los inversionistas.
Aparece Geninsa
La empresa Gestiones y Negocios Sociedad Anónima (Geninsa), en que participan familiares y amigos del Presidente Arnoldo Alemán, empezó a comprar tierras en la misma zona, cuando el Gobierno ya disponía de información clave del proyecto de Desarrollo Ecoturístico Internacional.
La información sobre Desarrollo Ecoturístico Internacional llegó a los socios de Geninsa, a través del ex alcalde de Tola, Eddy de Trinidad Flores Segura.
El representante de Geninsa en Rivas es Eduardo Mena, director del Instituto de Desarrollo Rural y entre los socios figura la hermana del Presidente Arnoldo Alemán, Amelia Alemán. Ninguno de los funcionarios y socios de esa empresa atendieron las solicitudes de entrevista con LA PRENSA.
El ex alcalde, en representación de la Municipalidad de Tola, había firmado el tres de septiembre de 1997 una escritura pública de arriendo con Masís, en la que se comprometía a cederle 113 lotes de terrenos en las costas, para que desarrollaran lo que ha sido catalogado como un megaproyecto turístico que generaría unos 2,000 empleos directos e indirectos.
La escritura de arrendamiento, elaborada por la abogada Sonia del Carmen Mayorga Espinosa, especifica que el canon de arrendamiento de cada lote era de 45 dólares anuales y el arriendo tenía un plazo de seis años.
Le hicieron la jugada
El presidente del Instituto de Turismo (Intur), René Molina, dijo que desconoce los problemas que pueda estar atravesando el grupo de inversionistas que representa Masís. “Si el alcalde le hizo una jugada, ese ya es problema de litigio de tierras” y “uno de los requisitos que exigimos a los inversionistas es que sus tierras estén legales”, declaró Molina a LA PRENSA.
En los archivos del Intur el proyecto del Club Bahía Astillero sólo figura por una carta que Masís le envió al señor Molina, el 5 de diciembre del año 2000, en que le expone sus planes y le solicita que los considere como beneficiarios de la nueva Ley de Incentivos Turísticos.
Molina dijo que los problemas de propiedad y acceso a zonas con potencial turístico, sólo se resolverán con la nueva Ley de Costas Nacionales, que aguarda su aprobación en la Asamblea Nacional.
Con esa nueva ley, Inturismo pretende que se defina “si los alcaldes tienen la autoridad para dar títulos (de propiedad) y pueden donar propiedades a otros”, explicó Molina.
Cercas y soldados
El proyecto Club Bahía Astillero se extendería desde el sur, cerca de las costas de Pie de Gigante, en Playa Conejo, hacia el norte colindando con El Astillero, donde Geninsa adquirió más de 800 manzanas de tierras que tienen límites en el Océano Pacífico.
El ex alcalde de Tola hizo una salvedad con el arriendo de los 113 terrenos, al dejarlos como “promesa de arriendo” en la zona marítima terrestre, con el argumento de que el arriendo se haría efectivo hasta que entrara en vigencia la Ley de Municipios.
Sin embargo, la ley ya estaba en vigencia porque fue aprobada por la Asamblea Nacional el dos de julio de 1988 y publicada en La Gaceta número 155 del 17 de agosto de ese año; y su reforma o Ley 261 fue publicada en La Gaceta número 162 el 26 de agosto de 1997. Entonces los inversionistas le empezaron a pedir explicaciones al ex alcalde Flores Segura.
Le enviaron una primera carta, fechada en septiembre de 1998, expresándole su preocupación por la presencia del Ejército en los terrenos que habían alquilado.
“Las playas que rentamos son las de Conejo 2, Arena Payaste, El Gavilán, Costa Larga y Llanito. En estos momentos hemos hecho una enorme inversión apoyados en la seguridad que nos brindó el negociar con la Alcaldía de Tola. Hemos invertido en viajes de inversionistas desde Europa, Estados Unidos, Australia y Costa Rica, levantados topográficos, filmaciones de video, fotografías y levantados cartográficos desde avión, diseños, planos constructivos, etc.”, precisa la carta que además señala diferentes donaciones que le ofrecieron a la Alcaldía de Tola.
Incluso, hay un acta compromiso firmada por Omar Guzmán Torres, alcalde en funciones, en que la Municipalidad de Tola reconoce que recibió 5 mil 85 dólares, en concepto de pago de renta por el arriendo de los 113 terrenos durante el primer año.
Masís, el representante de los inversionistas, junto al abogado Germán Mora Vargas, llegó a solicitar al Concejo de Tola, en octubre de 1999, información sobre los contratos que se habían firmado y le dieron una certificación firmada por el Secretario del Concejo de Tola, Roberto Martínez García, indicando que en la sesión del 28 de noviembre acordaron por unanimidad dar garantía a personas que tienen contratos de arriendo en terrenos ejidales y que están en conflicto.
“Estos tendrán garantizado el derecho a sus contratos una vez que se resuelva el conflicto”, dice textualmente la carta.
El conflicto al que hace referencia Martínez coincide con la fecha en que Eduardo Mena, director del IDR y representante de Geninsa, comenzó a comprar tierras en Tola, específicamente en la zona del Astillero, muy cerca de los terrenos de los inversionistas.
En consecuencia, varias playas que los inversionistas arrendaron hoy están cercadas para impedirles el acceso y la Comuna no interviene en el asunto.
Masís se vio obligado a enviar a Flores Segura una carta fechada en San José, Costa Rica, el 12 de abril de 1999, en que le recuerda que rentaron la playas y pagaron lo correspondiente.
Señala que a esa fecha habían invertido más de 500 mil dólares en los planos de 113 lotes arrendados y que su grupo ha realizado más de 40 viajes a Tola desde diferentes lugares como Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y Costa Rica, “incurriendo en enormes gastos de dinero por la expectativa planteada en este desarrollo”.
Faltan reglas claras
A Nicaragua ingresaron unos 500 mil turistas durante el año 2000 y el país percibió 116 millones de dólares, un ingreso que todavía es poco con relación al potencial del país que posee mucha biodiversidad, todavía inexplotada, sobre todo en su costa caribeña.
Ante la posibilidad del desarrollo turístico, “uno de los mayores problemas que tiene Nicaragua es la tenencia de la tierra; necesitamos una visión bastante larga y buscar la seguridad jurídica”, comentó el empresario nicaragüense Enrique Zamora, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (Fedecatur).
Considera que la Ley de Costa es urgente para regular la inversión turística, pero está propuesta “desde hace varios años y quedó pendiente desde el gobierno anterior y tal vez nos hubiera evitado muchos problemas en cuanto a tenencia de la tierra”, indicó.
Por otro lado, las instituciones nicaragüenses han descuidado la protección de los recursos naturales, que son la base para el negocio turístico. “Cuando vos salís de Nicaragua por Ocotal, no ves ni un solo pino a orillas de la carretera; y entrás a Honduras y ves una gran cantidad de pinos porque tienen manejo de bosques”, comentó Zamora.
Klaus Lengefeld, asesor del proyecto de Fomento al Desarrollo Sostenible Mediante el Turismo en Centroamérica (Fodestur), considera que para mejorar la inversión turística en Nicaragua “deben estar claras las reglas del juego y comienzan con la parte legal”.
“Hay reglas medioambientales, como estudios de impacto ambiental para inversiones grandes, pero en la parte social y cultural no hay reglamentos muy claros”, expresó.
“En este momento hay más problemas con el manejo de las áreas protegidas, son situaciones contraproducentes para el turismo, comentó Lengefeld. Las leyes se hacen como reacción a los problemas. Costa Rica tiene más tiempo de tener arreglada esa situación”.
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