En una carta pública dirigida al Consejo Editorial del Diario LA PRENSA, el Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Norman Caldera, trató de justificar el acuerdo ministerial emitido el tres de abril que prohibía la exportación de ganado en pie con peso inferior a los 390 kilos. No lo logró. En su misiva, el ministro no hizo más que poner en evidencia su desconocimiento de lo que es el negocio de la crianza de ganado, su parcialidad a favor de los mataderos industriales, su incomprensión del sistema de libre empresa, y, lo que es más preocupante, un marcado sesgo en contra de la inversión extranjera.
Considerando que tal acuerdo ministerial perjudicaba injustamente a los criadores de ganado, y que violentaba la libertad de empresa garantizada por nuestra Constitución Política, LA PRENSA, en su edición del sábado 12 del presente mes, pidió editorialmente su derogación. Afortunadamente, el martes 15, el Presidente Alemán anunció la derogación del acuerdo, y es posible que sea sustituido por un acuerdo consensuado ese mismo día entre los ganaderos, los mataderos y el Gobierno. Bien, pero aún así, consideramos conveniente comentar algunas opiniones expresadas por el Ministro Caldera en su misiva.
Según él, el problema real es “un combate a muerte entre un gigantesco matadero mexicano… contra tres mataderos nicaragüenses…” agregando que “No se trata de un enfrentamiento… entre el Gobierno y los ganaderos”. La verdad es que no lo era, hasta que él, con el acuerdo emitido, lo convirtió en tal cosa. En otras palabras, actuó como el policía que se hace presente en la escena de un asalto, y que en vez de detener al delincuente, decide multar a los transeúntes. Para supuestamente corregir un incumplimiento de parte de los mexicanos al Tratado de Libre Comercio suscrito con Nicaragua, decidió castigar a los criadores de ganado nicaragüenses, prohibiéndoles arbitrariamente el derecho de vender los novillos de su propiedad a quien ellos deseen, cuando lo deseen y al precio que ellos deseen.
El Ministro Caldera reconoció también que existe un serio problema con los mataderos locales y prometió que “buscaremos remedios para que los mataderos paguen el precio justo, y estableceremos estándares, pesas y medidas para que paguen lo que en verdad corresponde…”. Le preguntamos: ¿Por qué no lo ha hecho en todo el tiempo que lleva como ministro? ¿lo hará antes de dejar el cargo el 15 de junio, fecha en la que se irá a trabajar en la candidatura del ingeniero Enrique Bolaños? Es inconcebible que reconociendo esos graves problemas, todavía haya pretendido dejar sin opciones al ganadero y forzarlo a vender sus animales a esos mataderos.
El Ministro Caldera acusa al Consejo Editorial de LA PRENSA de ser “poco elegante” por “cuestionar selectivamente la motivación de un líder de las organizaciones gremiales” y de recurrir al “infundio”. Se equivoca el señor ministro. Lo que LA PRENSA hizo no fue más que señalar lo aseverado por el señor Daniel Núñez, Presidente de UNAG, quien en un pronunciamiento publicado el 10 de mayo, declaró: “como representante de mis acciones y de las que nuestra organización tiene en el Matadero CARNIC, S.A., exigimos a nuestro gobierno… mantener el decreto de no permitir la salida de ganado en pie que no pese los 390 kilos…”.
Finalmente, es preocupante e injustificada la suspicacia del ministro cuando manifiesta que “tengo informes fidedignos de que al menos uno de los tres mataderos industriales [nicaragüenses]… puede estar siendo vendido a grupos mexicanos…”. Le preguntamos al señor Caldera: ¿Y desde cuándo acá resulta un delito que los dueños de una planta industrial privada decidan vendérsela a inversionistas extranjeros? ¿dónde queda la cacareada insistencia del Gobierno de promover la inversión extranjera?
Es lamentable que a falta de argumentos sólidos para justificar el hoy derogado decreto, el Ministro Caldera haya buscado refugio en sonoros nacionalismos que, lejos de resolver los problemas económicos de Nicaragua, no hacen más que ahuyentar la inversión extranjera y retrasar el progreso. Sabemos muy bien y reconocemos que en otros conflictos económicos que se han presentado el ministro ha actuado con mesura, eficiencia e imparcialidad. No así esta vez, como ha quedado claramente demostrado por la derogación del acuerdo en cuestión.
