La modificación y reducción de la jornada laboral en el sector público –que a partir del 1 de junio será de 7 de la mañana a 2 de la tarde, en vez de 8 de la mañana a 5 de la tarde-, significará, según la información oficial, una disminución del gasto público de este año en unos 40 millones de córdobas, o sea, casi 3 millones de dólares.
Se trata, pues, de una medida positiva que por eso mismo se debió haber aplicado desde antes que la recomendaran los organismos financieros internacionales, que al parecer se preocupan más que nosotros porque los gastos del Gobierno son mucho mayores que los ingresos.
Pero la nueva jornada no se puede imponer a todas las entidades del Estado. Al respecto son razonables las consideraciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), de que por estar en año de elecciones esta institución necesita más tiempo de trabajo. Y si le imponen la nueva jornada el CSE tendría que pagar una gran cantidad de horas extras, de modo que el gasto se aumentaría en vez de reducirse.
Lo que no parece válido es el argumento que cuestiona la modificación y disminución de la jornada laboral en el Estado porque supuestamente se reduciría el rendimiento de los trabajadores estatales. Como lo aclaró el ministro del Trabajo el miércoles de esta semana, el personal que presta servicio al público seguirá con la jornada laboral anterior y la nueva se aplicará sólo en las áreas propiamente administrativas, cuya burocracia no produce nada, sólo gasta lo que percibe el Estado por medio de los impuestos, de modo que tres horas menos de permanencia en las oficinas podría significar en realidad una considerable reducción del gasto en electricidad, teléfono, papel y tinta, combustible, mantenimiento vehicular, etc.
En lo que sí tienen razón los críticos del gobierno es en que si se redujeran los sueldos, dietas, viáticos y otros privilegios de los altos y medianos funcionarios del Estado, se ahorraría mucho más que con la reducción de la jornada laboral. Así como también habría que suprimir las “consultorías” creadas como prebendas para amigos de los gobernantes y para pagar favores políticos en las “alianzas” del partido gubernamental con partidos inexistentes.
En este sentido es oportuno -y esperamos que sea cierto- lo que dijo el ministro de Trabajo acerca de que “se está analizando la posibilidad de reducir el salario de los ministros, como parte del recorte del Presupuesto General de la República”. En realidad, con la modificación y reducción de la jornada laboral se ahorrarían unos 40 millones de córdobas, pero según los organismos financieros internacionales son 150 millones de córdobas los que hay que ahorrar en el gasto público de este año. De manera que es imperiosamente necesario suprimir o al menos reducir otros gastos innecesarios del Estado, y nada mejor que los abultados salarios y privilegios que se asigna la mayoría de los funcionarios gubernamentales, cuyos montos reales son celosamente ocultados pero se conoce que están entre los más altos de América Latina, e inclusive de Estados Unidos.
Finalmente, hay que señalar que la reducción del gasto público no necesariamente significa disminuir el gasto social. Para ejecutar la política social de acuerdo con la inversión ya presupuestada, no es necesario que haya una frondosa burocracia estatal administrativa, y mucho menos que se justifiquen los sueldos y privilegios escandalosos que se asignan los miembros de la capa superior del Gobierno, por mucho que el Presidente Alemán diga que sus funcionarios constituyen una “meritocracia” inmejorable e insustituible que merece lo que gana, y más.
La verdad es que en Nicaragua hay muchos profesionales y políticos que podrían desempeñar los cargos gubernamentales igual o mejor que los actuales, y que lo harían a cambio de remuneraciones razonables, acordes con la realidad económica del país. En todo caso, el Gobierno no debe gastar más de lo que produce la nación. Y así como ha decidido reducir la jornada laboral en las áreas propiamente administrativas del Estado, debería también disminuir el gasto público en el rubro de los sueldos y beneficios de los altos funcionarios, que son una permanente piedra de escándalo.
