- Contraloría confirma que nunca tuvieron conocimiento de informe que solicitó la empresa
Noel Hernández Ramos [email protected]
La adquisición del terreno donde se construyó la Subestación Eléctrica de Ticuantepe, estuvo plagada de vicios e irregularidades que quebrantaron las leyes y normas del país, según un informe de consultoría, que el ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) Edgard Quintana, nunca dio a conocer a la Contraloría General de la República.
El informe de consultoría, que para Enel, realizó la firma Deloitte & Touche en 1999, reveló que en la adquisición del terreno de 47 mil 977.62 varas cuadradas, localizado en el kilómetro 17 de la carretera a Masaya, en Ticuantepe, hubo procedimientos anormales que podrían determinar responsabilidad administrativa en grado superior de culpa previsible por violación tácita a varios funcionarios.
PROCEDIMIENTO NO AUTORIZADO
El documento en poder de LA PRENSA informa que el terreno tuvo un costo de 215 mil 899 dólares, equivalente a más de 2.3 millones de córdobas y fue comprado mediante ofertas que no fueron presentadas por escrito.
“Dicho procedimiento no está formalmente autorizado, ni expresado por escrito en un manual de adquisiciones de la organización y además contraviene disposiciones particulares de leyes y regulaciones generales aplicables al caso concreto”, cita el informe.
Las conclusiones indican que no se siguieron los procedimientos de licitación pública, que señala la ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento. También se violaron las normas técnicas de control interno del sector público, promulgadas por la Contraloría General de la República.
Por ello se determinó que hubo responsabilidad administrativa en los funcionarios José Ramón Jarquín, en su carácter de gerente de ingeniería y proyectos de la división de transmisión de Enel y Lorena Villalta, abogada y notario público, en su carácter de asesor legal de la empresa. Otros funcionarios resultaron con responsabilidades en grados inferiores.
CGR NO ESTUVO ENTERADA
El contralor Luis Ángel Montenegro, expresó que la Contraloría General de la República nunca tuvo conocimiento de que el caso haya sido reportado por Enel, según una consulta que hizo a la Dirección Jurídica de la misma.
“A mí me sorprende sobremanera porque es una operación que no debió haber sido hecha sin el conocimiento de la Contraloría y en todo caso debió haber sido hecho a través de los medios de comunicación por las licitaciones públicas”, añadió.
Explicó que cuando la Contraloría se encuentra con casos como este donde existen violaciones a las leyes de contrataciones del Estado, al Marco Normativo, a Ley de Integridad Moral del funcionario público, puede caber una presunción penal, porque se puede presumir dolo o mala fe al realizar una operación, sin llenar los requisitos que establecen las leyes de la república.
LA PRENSA se comunicó con Mario Montenegro, actual presidente ejecutivo de Enel y manifestó que desconocía la existencia de ese informe, por lo que no pudo dar mayores detalles.