En el problema que atraviesa el sector cafetalero la Asamblea Nacional ha intervenido indebidamente a favor de un grupo y en perjuicio de otros. Igual ha hecho el Poder Ejecutivo respecto al sector ganadero. En el primer caso, la Asamblea Nacional, de manera apresurada e irresponsable, aprobó el 30 de abril una ley dizque para ayudarle a los productores que están pasando una grave crisis como consecuencia de los bajos precios internacionales. Dicha ley, que sería válida por 300 días, manda a los bancos a suspender el cobro de intereses moratorios y las medidas cautelares derivadas de juicios, tales como el apremio corporal y los secuestros, así como las ejecuciones de sentencias que hubieran sido dictadas en los tribunales. El perjuicio para la banca que se deriva de esa ley es evidente, y los caficultores mismos se han dado cuenta que el supuesto beneficio para ellos es irreal, por lo que una buena parte del gremio está demandando que sea vetada.
Aunque la forma en que el Estado ha intervenido en el caso del sector ganadero es diferente, resulta, sin embargo, igualmente discriminatoria y perjudicial. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), dio a conocer el mes pasado una disposición en la que se prohíbe la exportación en pie de novillos que tengan un peso menor de 390 kilos. La arbitraria medida del MIFIC tiende a favorecer a los mataderos y a las tenerías en perjuicio de los productores de ganado, quedando los ganaderos imposibilitados de venderle a los compradores de otros países que pagan un mejor precio que los mataderos locales.
La disposición del MIFIC, a todas luces arbitraria, ha devenido incluso en un conflicto entre dos organizaciones gremiales representativas de sectores como son FAGANIC y la UNAG. La primera defiende el derecho de los ganaderos de vender su ganado conforme lo consideren necesario, en tanto que la UNAG pretende que el decreto emitido por el MIFIC siga vigente.
Lo cierto es que el Gobierno ha decidido, una vez más, inmiscuirse discriminatoria y abusivamente en el manejo de negocios privados como lo son las fincas ganaderas. Los mataderos están conscientes de que el precio que ellos le pagan a los productores de ganado es inferior al que pagan los compradores extranjeros, siendo lógico, en consecuencia, que los productores prefieran venderle a éstos antes que a aquéllos. En esencia, se trata de una estricta decisión empresarial en la que el Gobierno no debería de inmiscuirse.
La UNAG por su parte, dice estar a favor de la prohibición emitida por el MIFIC porque “queremos defender el hato nacional y por ende a todos los ganaderos del país…”. Pero en realidad lo que la UNAG está defendiendo son tanto sus inversiones como las que tiene su Presidente, el Sr. Daniel Núñez, en el Matadero Carnic. La misma UNAG reconoció esta situación en un pronunciamiento hecho público el 10 del presente mes.
Los mataderos nacionales son ineficientes porque funcionan con tecnología obsoleta, y, además, operan con altos costos financieros. Es obvio, entonces, que ellos estén a favor del Decreto del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, porque de esa manera se les permite transferir su ineficiencia y depositarla sobre los hombros de los ganaderos que al final de cuentas resultan ser los perdedores netos.
Es falso que el hato nacional tienda a disminuir si se permite la exportación de novillos con peso inferior a los 390 kilos. Los hechos así lo demuestran: desde que existe la libre exportación de ganado, el hato ha crecido. Hay que recordar que las reproductoras son las vaquillas y no los novillos.
Todo lo anterior no quiere decir que nos opongamos a que se diseñe y se ponga en práctica una política ganadera, siempre y cuando ella no inhiba la competencia ni sea discriminatoria contra ninguno de los actores involucrados. En lo que estamos en desacuerdo es en la repetida tendencia que está manifestando el Gobierno de inmiscuirse en las empresas privadas para favorecer a unos y perjudicar a otros. La prohibición del MIFIC, en consecuencia, debe ser eliminada de inmediato.
