Idalia Gutiérrez*
Según la Organización Internacional del Trabajo en América Latina, hace cinco años, habían alrededor de 7.6 millones de niños y niñas trabajando entre 10 y 14 años de edad.
En Nicaragua la encuesta de medición del nivel de vida (INEC), realizada en 1998, registra una población de 75,000 niños y adolescentes, de 10 a 14, empleados en alguna función laboral. Cifras provenientes de informes de ONG’s que trabajan con niñez y adolescencia indican que en ese año existían aproximadamente 322,000 trabajadores infantiles y adolescentes (foro del trabajo infantil, 1997).
Para la OIT la población de niños trabajadores en el año de 1997 fue de 200,000 individuos. El Mitrab en un informe publicado en julio de ese año señala la cifra de 160,686 niños y adolescentes en edades de 10 a 19 años.
Para ese mismo año la población de niños, niñas y adolescentes mayores de diez años, que en el país desempeñaban algún trabajo, creció en 200,000 personas más, lo que representa un once por ciento de la población de los niños y adolescente en Nicaragua que deberían estar estudiando.
Si contraponemos esos datos, con los de un país que presenta el mayor índice de deserción y repetición escolar y de niños que quedan año con año al margen del sistema escolar público, nos encontraremos que no se le está dando la atención que merece al tema de la educación a temprana edad, aún cuando el Código de la Niñez y la Adolescencia establece la gratuidad en la educación y señala que ningún niño se puede quedar sin escuela por razones económicas.
El trabajo infantil en países como el nuestro, revela el grado de respeto de los Derechos Humanos que la sociedad tiene para con sus habitantes y las posibilidades de desarrollo que tiene como Nación. El trabajo infantil impide el ejercicio de derechos tan elementales como el Derecho a la educación, salud y recreación, cultura, mejores oportunidades de empleo, garantías legales entre otros.
Estudios de la CEPAL demuestran que los niños y niñas trabajadores tienen niveles más elevados de inasistencia escolar y bajo rendimiento educativo. Esto sin mencionar la necesaria calificación de capital humano que requiere todo país, para enfrentarse a la globalización y competir en mejores condiciones.
La Educación debe ser vista como un Derecho Humano Habilitante, con ese espíritu está concebida en la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Niña. Un derecho cuyo desarrollo integral, no es sólo la condición necesaria sino primordial para el ejercicio de otros derechos.
En ese contexto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de su Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia y la Comisión para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador (CNEPTI) preocupadas por esta situación, están promoviendo debates en torno al Trabajo Infantil y Educación, y para lo cual han solicitado la asistencia del doctor Emilio García Méndez, consultor internacional en temas de niñez, Derechos Humanos y Educación.
La importancia de este debate recae en que diferentes actores y actoras como representantes de Instituciones del Estado, miembros de la Comisión Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, consultores de IPEC-OIT, el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, dirigentes de la empresa privada, organizaciones sindicales, organizaciones que trabajan con el tema de niñez, adolescencia y trabajo infantil, expresen alternativas y puedan unir esfuerzos conjuntos en soluciones reales al problema y el planteamiento de estrategias de intervención dirigidas a la erradicación del trabajo infantil y la promoción de la educación.
Organismos como el Fondo de Naciones Unidas (Unicef), la Organización Internacional del Trabajo a través del Programa Internacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), deben con la sociedad civil y el Estado, juntar todos sus esfuerzos en esta iniciativa para encontrar soluciones reales al problema y contribuir al desarrollo de políticas de Estado para la Infancia, sobre todo en lo que se refiere a la erradicación del trabajo infantil, que nos permita tener una Nicaragua con un mejor presente y futuro para nuestros hijos y nietos.
* Consultora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
