- Los habitantes del área rural en edad de votar, según las proyecciones del INEC, se estiman en 1,171,970
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Una minoría de 19.7 por ciento de electores, posesionada de la maquinaria política del país, es la encargada de hacer las propuestas electorales a una ciudadanía integrada por un 50.98 por ciento de votantes comprendidos entre los 16 y los 30 años. El problema, según se desprende de este análisis, no es la edad de los dirigentes políticos, entre los 45 y los 75 años, sino lo viejo de sus discursos, de sus contradicciones y la distancia que existe entre las expectativas del votante promedio de unos 23 años y la visión de futuro de los dirigentes.
¿Qué demanda, entonces, esa mayoría electoral? ¿cuál es la oferta que le interesa y el país que quiere vivir?
Según las proyecciones para este año del Censo Nacional elaborado en 1995, se estima que 1,483,614 personas en edad de votar, son jóvenes entre los 16 y los 30 años, es decir, un 50.98 por ciento de la población apta para votar estimada en 2,909,909 personas.
¿Cuáles son las demandas de los electores que pertenecen a ese mayoritario 50.98 por ciento?
El votante, en ese grupo de edad, es un joven promedio de 23 años, que en las elecciones de 1990 no alcanzó a votar y desarrolló su infancia durante la década de los 80.
En esas elecciones, el eje de la campaña se centró, entre otras cosas, en el levantamiento del Servicio Militar y en términos generales a la desaparición de la guerra que se lograba únicamente con la salida del poder de los sandinistas.
En el 96, aunque ya había desaparecido la guerra, el eje de la campaña también se centró en sandinismo vs. antisandinismo, bajo el presupuesto de que el país necesitaba una mejoría económica que no sería posible con un gobierno sandinista.
En la campaña del 2001, los partidos parecen nuevamente enfrascarse en los mismos ejes de las polarizadas campañas anteriores, no obstante, algunos analistas consideran que esa estrategia perdió toda sustentación porque los votantes, que no han formado parte de la realidad que le dio paso a la polarización, no tienen interés en esa discusión y prefieren escuchar propuestas de solución a sus problemas reales: estudio, trabajo, mejores salarios. Son jóvenes, que necesitan divertirse y están aburridos de los interminables enfrentamientos de los políticos que en promedio son personas entre 45 y 75 años, que solamente representan el 19,7 por ciento de la población en edad de votar, están económicamente establecidos, en su gran mayoría ya no hacen deporte, ni bailan, ni estudian, tienen otros intereses, y tal vez hasta ya olvidaron lo que significa ser joven.
De acuerdo al sociólogo y analista político, Oscar René Vargas, hay un divorcio entre los dirigentes de la política y los votantes.
“El joven, que no tiene en la cuestión política el eje central, va a definirse en función de sus intereses, queda por ver cómo los partidos van a resolver esto”, señala.
Según su análisis, en esta campaña va a jugar la edad y la oferta del candidato, pero la oferta es mucho más complicada, ya que va más allá del votante.
De tal manera que la propuesta electoral no necesariamente deberá estar orientada en forma específica a ese 50.98 por ciento de jóvenes electores menores de 30 años, sino también a los hijos de muchos de esos electores, que aunque no están en edad de votar, demandan servicios.
Vargas indica que de acuerdo a datos de la Secretaría de Acción Social de un trabajo que se llama Análisis situacional de la seguridad alimentaria y nutricional, en Nicaragua el 72.6 por ciento de la población, o sea 3,700,000 habitantes no se alimentan adecuadamente. El mismo estudio revela que el 82 por ciento de los niños menores de cinco años en el país, viven en pobreza y de ellos, el 60 por ciento padece de desnutrición crónica.
El mismo estudio indica que de cada cien niños que nacen en el país, 64 son hijos de mujeres menores de 24 años.
Si paralelo a esto se considera que cada año 23 mil nuevas parejas se casan o se juntan y el promedio de edad de estas parejas es de 23 años, el porcentaje de padres de familia jóvenes con hijos en Nicaragua, es determinante a la hora de establecer el perfil y las demandas de los electores.
“Ellos no solamente votarán en nombre propio, sino también en nombre de sus hijos”, expresa el sociólogo.
BAJO EL SOMBRERO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES
Vargas es de la opinión que a pesar de las limitaciones que imponen los compromisos económicos internacionales, el país aún tiene un espacio en el que puede moverse para dar respuesta a necesidades socioeconómicas de la población.
“Hay que tomar como punto de partida el Presupuesto del país, que aunque es limitado e insuficiente, se puede reorientar en función de las más importantes necesidades de la ciudadanía”, dice Vargas.
Señala que si se ponen límites a los salarios de los funcionarios; la eliminación de algunos gastos superfluos como celulares, tarjetas de crédito y se restringen los viajes al exterior, se “le sacaría bastante grasa al Presupuesto”.
“Por ejemplo: en el Presupuesto, Inifom tiene contemplado 200 millones de córdobas y las transferencias a las Alcaldías son solamente 70 millones de córdobas. Estas dos sumas vienen siendo casi el tres por ciento del Presupuesto. Se podría pasar una Ley que estableciera que el seis por ciento se transfiere a las alcaldías más pobres del país, unas 130 que no tienen autosuficiencia económica, que son dependientes del Ejecutivo, pero sin Ley, es decir, dependientes de la voluntad y los intereses políticos del Presidente de la República. Esa transferencia significaría unos 18 millones de córdobas para cada una de esas alcaldías para invertirlos en cuatro años y podrían ser autosuficientes para resolver problemas inmediatos de la población. Pero además, como tendrían un presupuesto fijo, se convertirían en sujeto de crédito para los bancos y podrían hacer préstamos a tres años para hacer sus obras y eso da trabajo. Porque no es la misma cosa hacer cuatro mil casas en Managua, que 400 casas en Teustepe, porque los efectos multiplicadores son mayores y se crearía una dinámica económica local que activaría la economía de ese municipio sin estar esperando la decisión del poder central.
Otro ejemplo: aquí no hay claridad respecto a quién es el responsable de la política social, no se sabe si es la Secretaría de Acción Social, el Instituto de Desarrollo Rural o el FISE, que son los tres grandes y cada uno tiene como 200 millones de córdobas asignados, sus acciones son similares, hay entonces, duplicidad de acción, no hay planificación y no hay eficiencia en el gasto. Porque si sólo hubiera una entidad, unificada en su acción, con un solo presupuesto, reducís personal y planificas la inversión. Si ese presupuesto excesivo, triplicado de esos organismos, se invirtiera en mejorar los planes de estudio se mejoraría la posibilidad de ingresos de esos jóvenes, se mejora el capital humano y un bachiller saldría como experto en computación y eso mejoraría sus posibilidades de trabajo. El año pasado se bachilleraron 36 mil estudiantes y solamente 17 mil ingresaron a las universidades, es decir que 19 mil bachilleres se transformaron en CPF, estudiaron 12 años para quedar como vigilantes, encargados de bodega o mensajeros.
Entonces en la medida en que los municipios están invirtiendo en obras, en esa medida requieren de mano de obra cada vez más calificada y cada municipio puede tener como política emplear a su propia gente, en particular a estos bachilleres más calificados, con una mejor capacitación y con eso también se detendría el flujo migratorio porque habría desarrollo municipal. Esa sería una revolución institucional, reforzando el poder local. Con una Ley de asignación presupuestaria a los municipios habría más participación ciudadana porque se conocería a cuanto asciende el presupuesto de esa alcaldía, el día de hoy es un secreto a cuanto asciende la transferencia del gobierno porque no hay ley, es un favor político. Es un cambio total de lógica con los mismos recursos, nada más que se van a utilizar mejor y se facilitarían los mecanismos para una lucha abierta contra la corrupción. Porque la corrupción, sólo el año pasado le costó a este país 220 millones de dólares con la quiebra de la banca y ese dinero se pudo haber invertido en 44 mil viviendas y eso en cien municipios significan 440 viviendas por municipio, eso hubiera significado 1,080,000 trabajos permanentes durante cuatro años y solamente por ese programa se hubiera reducido el 30 por ciento del desempleo actual. Entonces hay posibilidades, lo que no hay es voluntad política y en esa dirección es que hay que trabajar y no en estériles polarizaciones que no aportan ni dan respuesta a más de la mitad del electorado que necesita estudio, capacitación, empleo y viviendas dignas”.
OTROS DATOS
De acuerdo a la proyección de la población total del país, por área de residencia y sexo según los grupos de edades para este año, realizado por el INEC, de las 2,909,909 personas en edad de votar, 1,424,071 son hombres y 1,485,828 son mujeres.
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