Los políticos costarricenses que aspiran a la Presidencia de la República de Costa Rica están debatiendo sobre el problema de los inmigrantes nicaragüenses, particularmente de los ilegales.
La semana pasada, los tres precandidatos del Partido Liberación Nacional (José Miguel Corrales, Rolando Araya y Antonio Alvarez) protagonizaron un debate —que fue televisado a todo el país— en el auditorio de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), en el que según el diario La Nación de Costa Rica “hablaron muy claro acerca de qué harían sobre el fenómeno creciente de la migración de nicaragüenses”.
El periódico costarricense informó que Corrales, uno de los precandidatos con muchas posibilidades de obtener la designación del Partido Liberación Nacional, que a su vez luce favorito para ganar las elecciones de febrero del próximo año, señaló que él “buscaría una policía migratoria más severa, que incluso recorra las fincas y examine la condición migratoria de los nicaragüenses. También aseveró que impulsaría el desarrollo de la frontera sur nicaragüense y de la norte de Costa Rica para generar empleo en la zona”. Por su parte, Rolando Araya se inclinó por impulsar una política más restrictiva en las migraciones e interceder a nivel internacional por ayuda para Nicaragua, pero aseguró que “no debe haber ninguna persona indocumentada, para lo cual hay que hacer respetar la ley”. Y Antonio Alvarez, según el rotativo costarricense, “fue más allá y cuestionó a sus rivales pues dijo que él aspira a presidir Costa Rica no Nicaragua. Acentuó en la diferencia entre los nicas que se encuentran en condición legal y que pagan impuestos y cargas sociales, frente a los ilegales, para quienes intensificaría la repatriación”.
Es comprensible que los políticos costarricenses se preocupen por el problema de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, y que propongan soluciones de acuerdo con sus enfoques e intereses. Según el Director de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica, Dionisio Alfaro Rodríguez, “un total de 320,000 a 400,000 inmigrantes de Nicaragua laboran en la producción agrícola, de caña, café y el cultivo del banano en Costa Rica, donde las relaciones laborales y salariales no son permanentes. Las actividades productivas se localizan en Guanacaste, la región norte, la región Caribe y en la región central, además de la gran área urbano-metropolitana de San José, que atrae población activa en los servicios domésticos y la construcción”. Y asegura el experto costarricense que el índice de desarrollo humano de Costa Rica ha bajado en los últimos años, debido a “la elevada inmigración nicaragüense, especialmente en Upala, Los Chiles y Siquirres, que presentan niveles de desarrollo humano debajo del promedio nacional y regional”.
Lo incomprensible, en realidad, es que los políticos y los candidatos presidenciales nicaragüenses no se ocupen también de este problema, cuya solución no debe dejarse sólo al criterio y la responsabilidad de los costarricenses. Sobre todo las autoridades gubernamentales nicaragüenses, deberían abandonar la desidiosa u oportunista actitud que han mantenido hasta ahora ante el problema de los inmigrantes de Nicaragua en Costa Rica, viendo sólo el cuantioso ingreso en concepto de remesas familiares procedentes de Costa Rica, estimado en unos trescientos millones de dólares anuales.
Los candidatos presidenciales nicaragüenses (Daniel Ortega, Enrique Bolaños y Noel Vidaurre) también deberían discutir el problema de los inmigrantes y de la emigración de nicaragüenses hacia Costa Rica, y proponer soluciones, así como lo hacen los candidatos costarricenses. Inclusive, los candidatos nicaragüenses deberían promover debates conjuntos con sus colegas costarricenses, considerando que el problema de los inmigrantes sólo se podría resolver de manera justa y eficaz si ambos países suman esfuerzos basados en intereses y conveniencias recíprocos, como por ejemplo la creación de zonas de desarrollo en el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica, tal como lo propone el candidato liberacionista costarricense, José Miguel Corrales.
Al fin y al cabo es a Nicaragua que le corresponde crear las condiciones apropiadas para que los nicaragüenses no tengan que emigrar a otros países, a donde van a aportar con su trabajo y su talento, pero algunos de ellos también a crear dificultades y a pasar penurias de diversa clase.
