Josefina Vannini*[email protected]
Milán Kundera, en su obra “La insoportable levedad del ser”, afirma que los cristianos pecamos continuamente, porque sabemos que a través de diferentes mecanismos –en el caso de los católicos, el Sacramento de la Confesión– los pecados son perdonados y por lo tanto, seguimos haciendo mal indiscriminadamente, porque con solamente irnos a confesar estamos libres de culpa.
No comparto esta premisa. Bien sabemos que el Sacramento del Perdón es válido únicamente si existe, por parte del pecador, arrepentimiento, propósito de enmienda y reparación del mal hecho. Sin el cumplimiento de estos tres requisitos no se logra la reconciliación con Dios ni con la propia conciencia, así nos pasemos confesando el resto de nuestras vidas.
Sin embargo, si esta teoría la sacamos del ámbito religioso y la aplicamos al régimen judicial de nuestro país, no se podría encontrar otra expresión que reflejara, con más fidelidad, el dramático estado de caos bajo el cual la gran mayoría de los nicaragüenses vivimos cuando se trata de administración de justicia –muy lejos de darse dentro del marco de igualdad de todos ante la ley–.
Prueba de esto son los sonados juicios y actos delictivos de los últimos tiempos que llevan a preguntarnos todos los días, el porqué ciertos oscuros personajes involucrados en asesinatos, quiebras de bancos, violaciones a menores, bigamia, defraudación de arcas públicas a través de checazos, terrazas construidas a cuenta del hambre de los indigentes, así como dueños de Chinampas y Chinampitas, no se encuentran detrás de las rejas como está el que robó una gallina y le recetaron diez años.
Obviamente estamos muy mal; sobre todo si consideramos que son los mismos magistrados de la Corte Suprema los que se declaran impotentes ante la corrupción de ciertos jueces que, por pertenecer a determinado partido político, no pueden ser destituidos aún ante grandes delitos como son “el abigeato, tráfico de drogas, peculado, prevaricato y muchas cosas más” (La Prensa, 17/04/01); mientras, otros magistrados afirman que dentro del Poder Judicial están bien delineados los feudos y que por tal razón se pretende destituir, sin ningún fundamento, a algunos jueces y notarios para ubicar a otros de diferente partido (El Nuevo Diario, 19/04/01).
Ergo: si la misma Corte Suprema de Justicia protege a los delincuentes y los magistrados se refieren a sus colegas y a dicha institución en esos términos, ¿en manos de quién está la población?
Tenemos que admitir que esta peligrosa descomposición de la sociedad es provocada por los mismos funcionarios públicos, que con sus actitudes legitiman los actos delincuenciales de jueces y notarios. Estas acciones se reflejan en la misma Corte y en los juzgados, donde los enjuiciados recusan a jueces hasta que el expediente cae en el escritorio del que saben es simpatizante del PLC o del FSLN y que los liberará de cualquier zanganada. Tenemos hartos ejemplos de gente que debería haber sido encarcelada y que, gracias a la modalidad de “justicia a la carta”, andan sueltos y encima, se dan por ofendidos.
Muy mal ejemplo para todos, porque de persistir esta situación llegará el momento en que se recurrirá, al igual que en Guatemala, a buscar justicia por vías propias y comenzaremos a ver linchamientos, secuestros, asesinatos, extorsión, etc.
La administración de justicia es el eje central de una sociedad con instituciones fuertes, creíbles y legítimas. Me atrevería a decir que para formarse una idea del grado de desarrollo y civilización de un país bastaría con ver el funcionamiento de su Corte Suprema de Justicia y la trayectoria profesional de sus magistrados.
La credibilidad de la Corte Suprema y sus decisiones es fundamental para que un ciudadano sienta la pertenencia a una Nación. No nos podemos sentir del lugar cuando las leyes no nos protegen y los delincuentes saben que pueden obrar con tranquilidad, porque están de antemano perdonados. En este caso, un país se convierte en tierra de nadie.
La depuración del Poder Judicial debería ser promesa de campaña, tanto del binomio Vidaurre/Alvarado, como el de. Bolaños/Rizo.
Para esto, el Partido Conservador deberá concienciar a la población sobre la trascendencia de votar por los diputados de la casilla verde a fin de lograr suficientes curules para renovar la Asamblea y proceder, inicialmente, a la reconstitución de las instituciones que han sido contaminadas por el pacto; y, posteriormente, a la selección de nuevos funcionarios, apolíticos e imparciales, que garanticen justicia y honestidad a todos los ciudadanos por igual, independientemente que sean funcionarios públicos o miembros de turbas partidarias.
* Dirigente del Partido Liberal Democrático.
