Freddy [email protected]
Cada vez que se habla de elecciones en Nicaragua, los ciudadanos entran en una situación de tensión, especulaciones, retensión de proyectos personales o institucionales y sólo piensan en un clima de inseguridad de todo tipo, en vez de pensar que habrá un futuro mejor.
La gente se debate en un mar de incertidumbres pensando si conservará su trabajo a partir del próximo cuatro de noviembre si ganan lo sandinistas o los liberales, los empresarios están pendientes de quién pueda ganar, el Gobierno de Estados Unidos no quita la mirada de Nicaragua y los inversionistas extranjeros, al parecer están adoptando una posición prudente con su capital.
Un efecto de lo anterior es que Nicaragua atraviesa una fuerte crisis económica y a esto se suma el grado de inseguridad jurídica que hay en el país con un sistema de justicia vulnerable, frágil a las situaciones irregulares de quienes optan por la vía de la corrupción y con una clase política muy rudimentaria que resuelve los problemas con métodos sucios y no con la transparencia que demanda un verdadero Estado Social de Derecho.
Ya no es válido que se siga justificando la barbarie contra el derecho a la propiedad en Nicaragua iniciada por la dictadura somocista, seguida por los sandinistas en 1980 y reeditada en 1990, como tampoco es correcto que se siga poniendo de ejemplo el proceso de transición durante el Gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, donde se cedió mucho a los hermanos Daniel y Humberto Ortega, en aras de la “estabilidad del país”.
Ahora, tanto los sandinistas como los liberales absurdamente esgrimen el pasado cuando les conviene para justificar sus actos poco transparentes, transgrediendo a cada momento la letra y el espíritu de la ley.
¿Qué seguridad jurídica se puede esperar en este país donde existe una Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tiene magistrados que responden a intereses políticos de los partidos en contienda?
¿Podrá haber seguridad jurídica cuando el propio Presidente de la República saca ventaja de su investidura como primer magistrado de la nación? Los empresarios nacionales y los inversionistas extranjeros saben muy bien los problemas que tienen que enfrentar para asentarse en Nicaragua con la venia de las cúpulas de los poderes económicos y políticos en este país.
Quienes tienen el poder deben trabajar bien para enrumbar a Nicaragua hacia perspectivas de desarrollo, fortalecimiento de los valores democráticos, independencia funcional de las instituciones, seguridad económica, garantía de los derechos colectivos e individuales, respeto y cumplimiento de la ley, etc.
Los políticos deben diseñar sus planes de gobierno realistas a través de verdaderos técnicos, profesionales y especialistas que valoren en su justa dimensión los problemas y posibles soluciones a los mismos, y no que los que siempre andan “colgados” de los políticos, elaboren proyectos absurdos sólo para quedar bien con el “jefe” y ganar votos de la población mediante el engaño. Creo que ahora más que nunca la sabia de ese conocimiento fresco y moderno debe aflorar para bien del país.
