A principios de este año, el Dr. Lino Hernández Trigueros, Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció un supuesto tráfico de indultos en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional con prisioneros que habrían pagado altas sumas de dinero para obtener su libertad. A raíz de esa denuncia la Asamblea Nacional nombró una comisión presidida por el Dr. Wilfredo Navarro, diputado de la bancada liberal, para que investigara el asunto.
Hasta la fecha dicha comisión no ha presentado su informe definitivo, pero aún así, su presidente ha hecho declaraciones que indican la existencia de serias anomalías en el proceso de otorgamiento de indultos. Según el Dr. Navarro, de los 616 indultados el año pasado, 17 son reincidentes, 56 no habían cumplido el 50 por ciento de la pena, 5 estaban acusados por tráfico de estupefacientes, cuatro por violación, uno estaba prófugo y 4 ya habían sido indultados antes. De comprobarse tales declaraciones, resultaría obvio que hay un problema muy serio que necesita ser solucionado.
A diferencia de otros países, en Nicaragua no existe una ley de indultos que establezca con precisión los criterios a considerarse en el proceso de otorgamiento de indultos. El indulto es una gracia otorgada a los condenados por sentencia firme irrevocable, por la que se les remite la pena o se les conmuta por otra menos grave. La ausencia de esa ley hace que el proceso que actualmente se sigue para indultar a una persona se preste a discrecionalidades que pudieran servir para favorecer a reos que no merecen ser favorecidos. En la Asamblea Nacional existe un proyecto de ley que data desde 1998, pero que —extrañamente— no ha sido sometido al plenario de la misma. Se dice ahora que será considerado y posiblemente aprobado en el transcurso del próximo mes de mayo.
No cabe duda que una ley de indultos serviría para reducir el grado de discrecionalidad existente hasta ahora, pero no podría por sí sola eliminar el posible tráfico de indultos. Ese es un evento siempre posible que puede darse en cualquier momento. Es por eso que la denuncia hecha por el Dr. Lino Hernández Trigueros debe ser investigada a fondo y fuertemente sancionada en caso de ser comprobada. El Presidente de la CPDH señaló a dos abogadas que trabajan para la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional como involucradas en actos de corrupción, y dijo que una de ellas era la que supuestamente se encargaba de requerir de los reos, pagos de entre tres a cinco mil dólares para ser indultados.
La práctica del indulto o perdón está establecida en muchas partes del mundo. Es un gesto humanitario que toma muy en cuenta las indicaciones de regeneración del reo, y se da cuando se considera que el prisionero ya no es un peligro para la sociedad, y que por consiguiente, a pesar de no haber cumplido la condena completa, puede ser puesto en libertad. De ahí que sea una facultad que debe ser ejercida con extrema cautela.
No hay que olvidar que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y los bienes de la ciudadanía. Es una responsabilidad a la que no puede renunciar. Desgraciadamente existe una tendencia —no sólo en Nicaragua, sino en casi todo el mundo— a mostrar mayor simpatía por el victimario que por la víctima. Como bien dice el Comisionado Mayor Francisco Bautista Lara, Jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional: “La sociedad necesita mecanismos de protección, y uno de estos mecanismos es la privación de la libertad de las personas que se consideran peligrosas por los hechos que han cometido”.
Apelando a falsas consideraciones humanitarias no puede dejarse desprotegida a la ciudadanía honrada. El indulto no debe ser usado para favorecer a criminales que puedan pagar para obtener su libertad. Esa práctica es aberrante porque desvirtúa el principio de igualdad ante la ley y convierte a la justicia en un objeto de comercio. Tampoco debe usarse para favorecer a allegados políticos ni como un expediente para resolver el problema de hacinamiento en el sistema penitenciario.
