En su artículo del sábado 7 de abril, titulado “¡Globalicemos la decencia!”, el columnista Carlos Alberto Montaner comenta el nuevo libro del periodista y escritor norteamericano de origen argentino, Andrés Oppenheimer (“Ojos vendados: Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina”), en el que analiza “la endémica podredumbre latinoamericana, donde el soborno, el tráfico de influencias y el sobreprecio son casi la regla en las transacciones públicas, y en la de la complicidad de las grandes multinacionales financieras e industriales del primer mundo con estas prácticas nauseabundas”.
La tesis de Oppenheimer, según el artículo de Montaner, es que si bien es cierto que abundan los políticos y funcionarios públicos latinoamericanos corruptos, que piden y aceptan sobornos, “difícilmente estas personas pudieran venderse si no hubiera una legión de empresarios ávidos de comprarles la conciencia, u otros tantos banqueros internacionales amables y discretos, dispuestos a colocar los fondos productos del delito en cuentas cifradas amparadas en subterfugios legales encaminados a oscurecer las pistas que conducen al origen del dinero”. En consecuencia, Montaner y Oppenheimer abogan por leyes que castiguen “a ejecutivos y empresarios de Estados Unidos que incurran en cualquier forma de corrupción en sus transacciones internacionales”.
Pero en Estados Unidos hay tales leyes. Lo que hace falta es que otros países desarrollados también las dicten, y sobre todo que las apliquen, así como también que suspendan la cooperación internacional a los países que tienen gobiernos corruptos y condicionen su reanudación a la aplicación de medidas efectivas contra la corrupción.
Ahora bien, la tesis de Oppenheimer y Montaner de que no habría funcionarios sobornados si no hubieran ejecutivos que paguen los sobornos, no exonera de culpa a los gobernantes y funcionarios públicos corruptos. Es cierto que los empresarios y ejecutivos de compañías privadas que pagan sobornos son corruptos y deben ser castigados. Pero son mucho más culpables quienes piden y aceptan los sobornos, porque representan al público y están obligados a velar por el bien común, mientras que los empresarios y ejecutivos de las empresas privadas actúan de acuerdo con sus propios intereses y sus fines son de lucro particular.
Este argumento es válido también para la corrupción interna, la cual afecta no sólo a funcionarios públicos y a políticos sino también a empresarios privados, a funcionarios de ONG, a trabajadores y a toda la sociedad, pero la culpa de los gobernantes siempre es y será mayor porque manejan los recursos del público y están obligados a velar por la buena marcha de los intereses sociales, en tanto que las personas particulares actúan en función de sus propias conveniencias.
Por eso es incorrecto justificar la corrupción gubernamental con la frase de que nadie puede lanzar la primera piedra. Ante todo, porque no es cierto que todas las personas son corruptas, pero además, porque la corrupción en este caso es un concepto jurídico-político que se refiere específicamente a la deshonestidad en la administración gubernamental, de acuerdo con la definición del Banco Mundial de que la corrupción es el “abuso del poder público en beneficio de lo privado”.
En realidad, hay una enorme diferencia entre quien sustrae algo de cualquier empresa o negocio particular —robando así a un empresario privado o a un individuo—, y el funcionario de gobierno que abusa de los fondos públicos para asignarse desmedidos sueldos y jugosas dietas, para construirse mansiones, para adquirir fincas y tener ricas cuentas bancarias. En este caso el funcionario no le roba a una persona particular sino al pueblo que le ha confiado sus magros recursos, y le arrebata empleo, comida, salud, vivienda y seguridad a la gente más pobre de la sociedad.
De modo que para combatir y erradicar el fenómeno de la corrupción en los países de América Latina sería bueno globalizar la decencia, tal como lo proponen Carlos Alberto Montaner y Andrés Oppenheimer; pero ante todo, en el caso de Nicaragua se debería comenzar por nacionalizar la decencia, para lo cual el primer paso sería elegir a personas verdaderamente honradas para que gobiernen el país.
