- Ni “injurias ni expresiones ofensivas” contra funcionarios
Consuelo Sandoval [email protected]
El Consejo Supremo Electoral (CSE), emitió ayer dos resoluciones que regirán la actuación de los partidos políticos y de las organizaciones de observación nacional e internacional electoral durante los comicios nacionales que se avecinan, informó el Magistrado Silvio Calderón.
La disposición sobre Etica Electoral establece que durante la campaña, que se extenderá del 18 de agosto al 31 de octubre, los miembros de los partidos y alianzas políticas deberán respetar el orden constitucional, las resoluciones del CSE y observar las normas de ética en las que prevalecerán el respeto a las opiniones de los adversarios, la dignidad de los funcionarios y empleados públicos, dirigentes, militantes, simpatizantes, candidatos y electores.
Asimismo, el buen nombre y todos los derechos humanos que amparan la honra y la reputación de los ciudadanos, dijo.
MÁS DELITOS
Esta resolución advierte que serán sancionadas las personas que cometan el delito electoral de dañar, rotular, fragmentar, distorsionar, deteriorar o destruir de cualquier forma la propaganda electoral.
Calderón informó que también cometen delito las personas que de forma oral, escrita o televisiva llamen al abstencionismo, la violencia, amenaza, el soborno o forzare a adherirse a determinada candidatura o a votar en determinado sentido.
También explicó que cometerían delito los que divulguen propaganda conteniendo difamación, injurias, calumnias o expresiones obscenas, ofensivas o denigrantes contra funcionarios públicos, partidos, alianzas, candidatos y sociedad en general.
La resolución prohíbe colocar propaganda política en el interior y exterior de edificios públicos, así como realizar mítines, concentraciones o cualquier actividad de proselitismo político en esos sitios.
Calderón aseguró que acordaron prohibir el uso de bienes propiedad del Estado para fines de proselitismo político, y que los partidos requerirán solicitar autorización al CSE para realizar concentraciones públicas en espacios abiertos, en cuyo desarrollo los asistentes no podrán portar armas, distribuir bebidas alcohólicas, agredir físicamente a las personas, ni destruir muebles e inmuebles.
