Federico Dueñas*
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.
Nicaragua es signataria de dicho solemne tratado, se supone que está de acuerdo con el contenido del mismo y se espera que lo ponga en práctica y estimule con amplitud. Si no, ¿para qué firmarlo?.
El Articulo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos textualmente dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Cuando dice “Todo individuo”, se refiere a ti, a mí y o/a cualquier persona, independientemente de su raza, color, tamaño o religión, es que todos tenemos el mismo derecho de expresarnos e informarnos por los medios a nuestro alcance, sin ser limitados por el Estado en ninguna forma, sean abiertas o encubiertas. El caso de la ley de colegiación del periodismo aprobada por la Asamblea y el Ejecutivo, puede caber en ésta última (las encubiertas).
Con burdas verdades a medias el gobierno liberal pretende coartar la libertad de expresión del periodista profesional y de quienes, como es mi caso, escriben en forma independiente para manifestar su libre opinión sobre determinado tema. Da la casualidad de que un tema de permanente vigencia es la pésima actuación de las autoridades.
Da la casualidad que al gobierno no le agrada que le desenmascaren y salgan a luz pública sus trapitos sucios y que la ciudadanía se entere de sus abusos cometidos contra el erario (entiéndase nuestros impuestos y los bienes del Estado, que dicho sea de paso emanan de nuestros impuestos también), de las injusticias que cometen contra los desamparados y burócratas, de cómo se burlan de la ley y someten a los jueces honestos (pues aún los hay), de cómo protegen a sus compinches de “cuello blanco” cuando son descubiertos y desenmascarados en sus generosas “raterías” por los medios de difusión vigentes.
Si al periodista profesional se le “encasilla” en una asociación bajo el poder o control económico del Estado, o de cualquier otro tipo de organización impuesta, que es el fin real de la colegiación. Si al periodista se le selecciona bajo cuestionables criterios de profesionalismo y colegiación, ya estamos tamizando la libertad de expresión, imponiendo sutiles( o burdas) censuras que al final de cuentas serán manipuladas por testaferros del gobernante. Se atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa y se ataca al artículo 19 de los Derechos Humanos.
Entonces para qué firmar papeles ante la ONU y seguirles pidiendo prestado dinero para obras públicas a los organismos internacionales. O se cumple o, no se cumple. No se puede ser selectivo y menos si del derecho de información estamos hablando.
* Colaborador de LA PRENSA.
