Sin dudas que no estamos solos en la lucha contra la pretensión del gobierno de restringir el ejercicio de la sagrada libertad de expresión y de información, que es la madre y condición de todas las demás libertades y derechos de la persona humana.
En efecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) adoptó en su asamblea general de Fortaleza, Brasil, celebrada del 16 al 21 de marzo corriente, una resolución sobre Nicaragua en la que repudia la aprobación de la Ley Creadora del Colegio de Periodistas, la cual, si fuera puesta en vigencia violaría la libertad de expresión e información consagrada en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Principio 8 de la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión.
La SIP deplora que la mencionada ley fuera aprobada por el gobierno del Presidente Arnoldo Alemán, pese a que la Constitución Política de Nicaragua garantiza a todos los nicaragüenses el “derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier medio” (Artículo 30); y “el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (Artículo 66).
La SIP también lamenta que el gobierno de Nicaragua hubiese aprobado la susodicha ley, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “declara que no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio, y limite el acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria”.
Y resiente la SIP el hecho de que las autoridades nicaragüenses hubiesen aprobado esa ley atentatoria contra la libertad de información, “pese a que el Estado de Nicaragua ratificó como ley la Convención Americana de Derechos Humanos”; y “pese a que la colegiación obligatoria de los periodistas viola el Principio 8 de la Declaración de Chapultepec sobre Libertad de Expresión, firmada por el gobierno nicaragüense en 1994”.
El acuerdo de la SIP critica “a la Asamblea Nacional de Nicaragua por la aprobación de la Ley Creadora del Colegio de Periodistas, y exhorta al Gobierno de Nicaragua a no reglamentar la ley que obliga a los periodistas a tener una credencial del Colegio para ejercer su profesión”. E insta “a la Honorable Corte Suprema de Justicia a que falle favorablemente sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Colegiación, cuando un recurso de amparo en ese sentido sea interpuesto ante la Corte”; y “a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a admitir el caso de la colegiación de periodistas de Nicaragua como violatoria de los derechos humanos, en cuanto reciba la denuncia correspondiente, consecuente con dictámenes anteriores, y de elevar un dictamen en sentido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La resolución de la SIP llama la atención al hecho de que la colegiación obligatoria de los periodistas y, lo que es igual, la obligación de tener credencial del colegio para poder ejercer el periodismo, “se sustentan en leyes que tienen un contenido corporativo-franquista”. De esta manera la SIP denuncia el contenido fascistoide, de derecha o de izquierda, que tiene cualquier disposición que mediante la colegiación limite o suprima el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y de información, como ocurriría si se pusiera en vigencia la Ley Creadora del Colegio de Periodistas.
El Presidente Arnoldo Alemán debería hacer honor a los principios liberales que dice sustentar, y por lo consiguiente debe atender la recomendación que le hace la SIP en su resolución sobre Nicaragua, de que deje sin reglamentar la desafortunada ley de colegiación de periodistas para que ésta no pueda ser aplicada. De otra manera la Corte Suprema de Justicia deberá declararla inconstitucional cuando tenga que conocer el o los recursos que sin duda interpondrán diversas personas e instituciones.
Entre tanto, nosotros seguiremos luchando sin descanso por defender la libertad de información, lucha en la que no estamos solos ni aislados como lo demuestra la contundente resolución de Fortaleza, de la SIP.
