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Al menos un millón de nicaragüenses viven fuera del país y cientos regresan deportados cada semana de Costa Rica. El problema es viejo pero Nicaragua todavía carece de programas para asistir a los que retornan y a los que sólo consiguen migrar del campo a la ciudad. El desplazamiento de los nicas es constante, dentro del país y a través de las fronteras, por falta de oportunidades económicas.
Pronto los partidos políticos comenzarán a pregonar sus promesas, interesados en los votos de los electores que en noviembre próximo elegirán al próximo presidente y a los diputados del país; pero hasta hoy sólo se han referido a los migrantes ante la posibilidad de que ellos puedan votar en el exterior. Mejor sería que los consideraran en sus programas económicos.
El gobierno sostiene que una de las causas de la pobreza es la dispersión de la población, porque la fuerza de trabajo emigra, pero aún desconocemos políticas que fomenten el retorno y la reinserción económica y social de los migrantes.
Las estadísticas indican que las mujeres del campo migran más que los hombres dentro del país, sobre todo las que tienen edades entre 15 y 29 años, para trabajar en las ciudades en el comercio o como domésticas, según informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Uno de los contrastes de Nicaragua es que su población se ha concentrado en las ciudades, mientras su economía, menos diversificada que la del resto de Centroamérica, depende del sector agrícola donde la productividad desciende por la creciente migración.
“Dos tercios de los emigrantes residen en las ciudades y un tercio en el campo”, asegura la Procuraduría.
El Papa Juan Pablo II respaldó en febrero pasado el derecho a emigrar para todas las personas, en busca de mejores condiciones de vida, pero pidió “defender los derechos humanos fundamentales” de ellas.
Según el Papa “estamos asistiendo a un cambio profundo en el modo de pensar y vivir en el mundo”, en el que las fronteras tienden a caer y las distancias se acortan, por lo que estima necesario establecer “reglas internacionales” que regulen el flujo de inmigrantes y sus derechos, e impedir decisiones unilaterales que “perjudican a los más débiles”.
En el caso de Nicaragua, las autoridades, los empresarios y la sociedad civil nicaragüenses deberían tomar pronto iniciativas para frenar la migración, tanto interna como externa, que a la vez ayuden a la recuperación productiva de las áreas rurales y reduzcan la presión poblacional en las ciudades.
Hasta donde se sabe, las remesas que envían los migrantes inciden poco en el crecimiento económico del país porque, aunque han sido estimadas en más de 600 millones de dólares por año, sólo el 25 por ciento se invierte en capital humano, producción o ahorro. El resto es para consumo de sobrevivencia de hogares muy pobres.
