- “Readecuación” del Presupuesto 2001 anunciada por Ministerio de Hacienda está provocando distorsiones en el funcionamiento del aparato estatal
- Sindicatos anunciarán acciones de protesta la próxima semana
Martha Danelia Corea, Valeria Gonzáles y Mariela Ocó[email protected]
Los trabajadores del Estado se mantienen en incertidumbre ante la posibilidad de despidos masivos, como consecuencia de los “recortes” presupuestarios que ha ordenado Hacienda, y de los cuales no existe información pública oficial.
Gustavo Porras, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores (FNT), dijo que han recibido denuncias de trabajadores del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), de posibles despidos.
Otras instituciones que han resentido el recorte son el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), donde se prevé despedir a 100 trabajadores, y el Ministerio Agropecuario Forestal (Mag-For) que ha eliminado salarios altos e implementado otros ahorros para compensar los 40 millones de córdobas que dejará de percibir de su presupuesto.
Ayer mismo la Corte Suprema de Justicia se sumó a las “víctimas” del recorte presupuestario.
Roberto Larios, director de Relaciones Públicas del Poder Judicial, indicó que la CSJ ejecutará un “ahorro” presupuestario de unos 40 millones de córdobas como una contribución hacia la posibilidad de que Nicaragua acceda a la iniciativa de países pobres altamente endeudados, conocida como HIPC.
“Nos estamos adelantando a los lineamientos que el Fondo Monetario Internacional ha planteado”, indicó. No obstante el Ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, negó el jueves estos “recortes” pese a que los había señalado semanas atrás.
Larios dijo que lo anterior se traducirá en el congelamiento de las plazas laborales y la no contratación de nuevos jueces, pese al mandato legal de establecer un cuerpo profesional que haga efectiva la Ley de lo Contencioso Administrativo.
Dicha Ley regula los derechos de los ciudadanos ante los abusos cometidos por los funcionarios públicos, “no serán nombrados los jueces encargados de lo contencioso administrativo, por lo tanto la población queda indefensa ante los actos de los funcionarios públicos, ni serán nombrados los jueces penales de adolescentes en las cabeceras departamentales”, indicó Larios.
Asimismo auguró la suspensión del pago de horas extras y viáticos a los empleados de la CSJ y descartó el recorte de personal.
Otras entidades públicas confirmaron los recortes presupuestarios, pero no quisieron brindar detalles aduciendo falta de autorización de parte de sus superiores. Es el caso de la Cancillería de la República.
Para el director del Centro de Investigación y Asesoría Socio Económica (Cinase), Sergio Santamaría, esta readecuación demuestra lo “inflado” que está el presupuesto de la República, pero al mismo tiempo da constancia de que no existe una reestructuración lógica del mismo pues se están afectando partidas elementales y se mantienen inalterables otras menos importantes.
“El rubro remuneraciones (pago de sueldos y salarios) pasó de 1,800 millones a 2,700 millones entre el 2000 y el 2001, y eso no hay que atribuirlo a las elecciones, pues el año pasado también hubo elecciones (municipales). Otro renglón que muestra aumentos es el de compras de bienes y servicios que ha crecido más de 400 millones de córdobas al pasar de 1,420 millones a 1,846 millones”, indicó.
CONTROVERSIA LEGAL
El especialista en Derecho Tributario, Julio Francisco Báez, cuestionó la legalidad de la “readecuación presupuestaria” planteada por el Gobierno.
Para Báez, la “readecuación” presupuestaria anunciada por el ministro de Hacienda no es más que una “modificación presupuestaria cubierta e inconstitucional”.
“La palabra readecuación que utiliza el ministro de Hacienda es un eufemismo para disfrazar una reforma del Presupuesto ignorando la Asamblea Nacional, porque el artículo 11 de la Ley de Presupuesto del 2001 prohíbe que los funcionarios encargados de las instituciones presupuestarias efectúen gastos por encima de las asignaciones consignadas en el Presupuesto y los artículos 13 y 15 dicen que los presupuestos se planifican trimestralmente y su programación mensualmente se informa a Hacienda”, explicó Báez.
Agregó que “el artículo 31 de la Ley de Régimen presupuestario (que cita el ministro de Hacienda como justificación), está derogado, esta invocación es un cadáver, jurídicamente no existe porque la reforma constitucional del 95 lo derogó. Su artículo 112 establece que toda modificación presupuestaria debe ser aprobada por la Asamblea y, como el artículo 31 se opone la Constitución, no tiene valor alguno según lo dispuesto en el 182 constitucional”.
SINDICATOS ALERTAS
Los sindicatos esperan hacer públicas sus acciones de protesta a partir de la próxima semana, cuando se supone ya tienen certeza de los niveles de despidos en las estructuras gubernamentales. Roberto González, de la CST, expresó que van a realizar actividades de protesta ante los primeros indicios de despidos, mientras Nilo Salazar, de la CGT, dijo que mostrarán una sola postura debido a que no pueden “quedarse de brazos cruzados cuando la gente se siente amenazada ante un posible despido, debido al recorte presupuestario”.
