Agustín Jarquín A.*
Después de cuatro años de gobierno de la Administración Alemán-Bolaños, Nicaragua ocupa hoy el segundo lugar como país más pobre en América Latina.
Una de las principales causas de este subdesarrollo y empobrecimiento que afecta al pueblo nicaragüense, a la par de la debilidad de nuestras instituciones oficiales y la precaria seguridad jurídica, es la deficiente inversión que se hace en las áreas sociales relevantes: salud, educación, cultura y deporte.
Por lo anterior, la asignación de dinero del Presupuesto de la República a estas áreas debe causar la atención prioritaria de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Esta importante responsabilidad tiene su fundamento en la autoridad constitucional que establece que la Ley Anual del Presupuesto de la República sólo puede ser aprobada y modificada por el Poder Legislativo. Pero esta modificación del Presupuesto Nacional se está haciendo anómalamente. En la actualidad, como ha sido su costumbre, el Gobierno realiza modificaciones presupuestarias, incurriendo en graves violaciones a las leyes y en oposición a una real y eficaz lucha contra la pobreza de miles de ciudadanos:
1) Sin la aprobación previa de la Honorable Asamblea Nacional, el Ministerio de Hacienda, siguiendo instrucciones del presidente de la República, y con el aval de sus candidatos oficiales, Bolaños y Rizo, ha indicado a las instituciones presupuestadas, el recorte sustancial del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. Se estima que el total del recorte superará los C$1,000,000,000.00 (mil millones de córdobas).
2) En el recorte de Egresos, además de la ilegalidad citada, el Ejecutivo antojadizamente afecta áreas priorizadas para el desarrollo integral del país y la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, en lugar de reducir gastos superfluos y suntuarios (reducción de viáticos, suspensión de viajes improductivos, recorte de los megasalarios, etc.), al INTECNA se le ha instruido recortar C$4,750,000.00 (cuatro millones setecientos cincuenta mil córdobas)), dejándolo sin el presupuesto necesario para importantes programas de formación técnica de nuestros jóvenes. Algo similar está ocurriendo con otros programas y organizaciones sociales, productivas, de desarrollo y de administración de justicia.
Esta acción debe ser atendida con urgencia por los honorables diputados y diputadas, no sólo para reivindicarse, asumir su rol constitucional e impedir esta nueva ilegalidad del presidente y del ministro de Hacienda; sino también para evitar los daños que ocasiona clausurar programas fundamentales del sector productivo, para el fortalecimiento institucional y del área social (que no son “gastos”, sino “inversión”). El cierre de estos programas hará que se deteriore aún más la ya mala calidad de vida de la mayoría de los nicaragüenses.
Como ciudadanos debemos denunciar ese nuevo abuso del presidente y su ministro y solicitar al Poder Legislativo y a la Contraloría General de la República que se suspenda de inmediato esta ilegal disposición presidencial.
* Ex Contralor General de la República.
