Carlos René Ramírez*
Estamos en Nicaragua donde sucede frecuentemente lo absurdo y contradictorio en todos los aspectos de la vida nacional y no podía faltar la sensible distorsión en el campo cooperativo que ha sido altamente notorio para expertos internacionales. El comienzo de la debacle comienza cuando los sandinistas promueven cooperativas de toda índole (excepto las de ahorro y crédito y de consumo por considerarlas burguesas) y emiten la ley de Cooperativas agropecuarias creada en el feudo de Jaime Wheelock, cuando ya existía la Ley General de 1971.
Las cooperativas de la noche oscura fueron promovidas por gente ignorante cuyo único propósito consistía en tener el control sobre ellas con fines políticos. Se organizaron cooperativas de transporte de todo tipo pero ninguna (excepto honrosas excepciones como la Cooperativa San Fernando de Masaya), implementó la educación cooperativa para sus asociados.
La mayoría de las cooperativas de transporte no son auténticas cooperativas, porque algunas de ellas nacieron como apéndice del sandinismo y distorsionaron completamente el propósito del cooperativismo que es la unión para resolver problemas que no se pueden solucionar individualmente, no tener fines de lucro y brindar un excelente servicio a los usuarios finales. Qué chocante es ver en el logotipo de una cooperativa una llanta ardiendo como símbolo de la agresión y del espíritu delincuencial de sus componentes, que perjudica el medio ambiente y no les importa un comino los que usan sus servicios.
El cooperativismo es una nueva forma de vida para sus asociados; es eliminar el egoísmo, la envidia, el individualismo y el aprovechamiento personal. Y en el transporte mal llamado cooperativista está plagado de líderes espurios que únicamente buscan afanosamente el enriquecimiento y aprovechan cualquier motivo para irse a las huelgas a fin de obtener beneficios económicos y que el Gobierno les conceda toda clase de privilegios que van a parar a los bolsillos de estos pseudos dirigentes.
Recordamos los millones de dólares que otorgaron a la Parrales Vallejos por el costo de los buses que nunca cancelaron y todo el ámbito de transporte anhela privilegios de cualquier índole sin preocuparse por brindar buenos servicios. En ninguna parte del mundo las cooperativas se ponen en huelga pues legalmente no es posible que empresas cuyos dueños son los miembros actúen como si fueran sindicatos.
Consideramos que DIGECOOP, debe analizar toda esta situación y despojarlos de la personalidad jurídica amparándose en los artículos 63 y 64 de la Ley General por no reportar sus actividades o actuar en asuntos políticos. La truculencia del transporte mal estructurado en cooperativas debe erradicarse y otorgar las autorizaciones para que operen como empresas pero nunca como cooperativas.
*El autor es especialista en cooperativismo.
