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Dicen que los presidentes de Centro América se quedaron perplejos cuando les presentaron la semana pasada un informe sobre los riesgos que afronta la región, por los sismos. Todo indica que hay muchas probabilidades de que ocurra un cataclismo, de proporciones incalculables, más allá de las fronteras de cualquiera de los seis países que forman el istmo.
Las acciones de la naturaleza son inevitables, pero los seres humanos podemos atenuar sus estragos y las instituciones, estatales o privadas, tienen que dar la pauta de la organización en ese sentido, para que a la hora de una sorpresa fatídica las víctimas sean menos.
Frente a las catástrofes, el riesgo de los nicaragüenses es mayor que el de otros países con alta sismicidad, según el estudio sobre desastres naturales que hizo un grupo de expertos encabezados por el Dr. Jaime Incer, los que llegan a la conclusión de que puede morir una persona por cada 6,200 habitantes.
Sin embargo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece una probabilidad de muerte por terremoto de una persona por cada 23 mil habitantes en países con altas probabilidades de que sucedan temblores destructivos.
El informe sobre la fragilidad de Centro América, frente a los sismos, presentado en la cumbre de presidentes de la semana pasada, debe obligar a las autoridades a revisar los planes de defensa civil en el departamento de Managua, donde se supone que hay 18 fallas geológicas y 42 centros volcánicos que podrían activarse.
Las experiencias en Nicaragua han mostrado que tenemos poca prevención institucional y uno de los descuidos más graves de los últimos años ocurrió frente al huracán Mitch, en octubre de 1998, cuando se juntaron dos factores para incrementar los daños humanos y materiales: el deterioro ambiental y la falta de organización y tacto para proteger a la población en riesgo.
En esa ocasión, la negligencia de las autoridades nicaragüenses rebasó el límite de lo que acostumbramos tolerar en nuestros países, porque aún con todas las alertas de que el huracán se acercaba y las probabilidades de que afectara nuestro territorio, ninguna autoridad se interesó por darle la mínima asistencia a la gente de los lugares donde los desastres por inundaciones han sido recurrentes.
Las consecuencias fueron fatales y una muestra son los más de tres mil muertos que dejó el deslave del volcán Casita, a donde las brigadas de rescate llegaron tres días después de la tragedia.
En uno de los planes de emergencia para Managua, ante eventuales inundaciones, encontramos que sólo en el barrio Altagracia hay más de tres mil personas en riesgo, de las cuales más de 1,600 son niños; y para atender a esa población, en un momento crucial, tienen una brigada de 40 personas.
