Consuelo Sandoval [email protected]
El Consejo Supremo Electoral (CSE), amenaza con despedir a casi seiscientos empleados en todos los niveles, pretextando falta de presupuesto ya que muchos son supernumerarios, según el líder sindical, Elmer Tórrez, quien sin embargo, dijo que esa medida no ha sido oficializada por las autoridades.
Jorge Téllez, secretario general del CSE, desmintió a Tórrrez y calificó de especulaciones las declaraciones del sindicalista, porque “desconozco sobre qué base sustenten esa antojadiza cantidad de despidos, no hay tales despidos, no hay nada oficial”.
Tórrez manifestó que la información la obtuvo en conversaciones sostenidas con el titular del CSE, Roberto Rivas y el jefe de personal Ernesto Hernández, quienes le han manifestado que se quedarán trabajando novecientos de un total de mil quinientos empleados. Téllez alegó que “una cosa es una opinión de un funcionario a titulo personal” y negó que los primeros miembros de los Consejos Electorales Departamentales hayan sido incorporados a sus cargos devengando sueldos de doce mil córdobas, tal y como lo afirmó Tórrez.
El sindicalista recordó que después de las elecciones de 1996 quedaron laborando 845 trabajadores permanentes, en mayo del año dos mil se incrementaron a 910 y a enero del corriente año superan los mil quinientos funcionarios.
Aseguró que los responsables de que existan supernumerarios son los propios magistrados porque han autorizado la creación de nuevos cargos, fundamentalmente de dirección y devengando salarios abultados.
“Gran parte del presupuesto salarial se lo lleva la parte gerencial, los nuevos cargos creados desde mayo, se habla de casi 500 cargos de dirección que devengan buenos salarios”, insistió.
Afirmó que esa situación “ha generado incertidumbre y desmotivación por el temor de recibir sus cartas de despido”, dijo Torrez, quien anunció que iniciarán una serie de protestas con una conferencia de prensa este martes ante el incumplimiento del pago de sus beneficios sociales, lo cual, denunciarán ante el CENIDH y la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos.
