José Antonio Poveda S.*
La crisis de la producción y el consumo de alimentos en Nicaragua ya no reacciona a soluciones meramente administrativas. Para modernizar el campo nicaragüense se requiere un conjunto articulado de nuevas políticas, que se afinquen en la solidaridad nacional entendido en el bienestar y la justicia en el campo. En Occidente, la falta de financiamiento ha sido un obstáculo fundamental para reiniciar la reactivación, que con tanta urgencia se reclama en todos los sectores productivos.
En el sector rural es necesario supeditar la política económica a la social. Una de las condiciones para ello es hacer de la democracia un motor del desarrollo.
Es necesario que la democracia se vuelva tangible y se manifieste en la vida diaria, estimular la participación de todos los sectores involucrados; sólo convencidos de los motivos y de la utilidad del factor productivo, se podrá compartir intereses y aspiraciones, y problemas como los que actualmente enfrentan casi todos los factores de la producción.
Mediante el ejercicio de la democracia, los municipios pueden ser la base de un gran esfuerzo de organización social. Para que cada comunidad se convierta en sujeto activo de su propio desarrollo, el municipio debe integrarse al sistema de planeación productivo, a fin de transformarlo de simple prestador de servicios, en promotor del desarrollo nacional.
Falta mucho por hacer en la organización de la capacidad administrativa municipal. En materia jurídica es importante definir mejor los ámbitos de competencia, y para esto hay que romper las inercias centralizadoras y paternalistas. En los municipios puede comenzarse con la modernización de las instituciones y de los instrumentos de gobierno para atender la salud y la vivienda.
Hay que añadir que las respuestas institucionales a los problemas de medio rural confunden con mucha frecuencia la necesidad global con un problema convencional, sin considerar que ningún factor es capaz de generar bienestar por sí mismo. Para satisfacer las necesidades educativas sólo se piensa en construir aulas, no en programas acordes con los problemas y la realidad de cada región, en la disponibilidad de maestros o en las condiciones nutricionales y de salud de los niños.
Es indispensable que la institución encargada de la política social respete el papel protagónico, en su proceso integral de desarrollo. Así se podrán definir y ejecutar políticas diferenciadas en materia de alimentación, salud, educación y vivienda, considerando las disparidades entre las propias comunidades y sus características culturales y materiales. En ello, el municipio debe desempeñar el papel organizador que le corresponde.
Es posible identificar cuatro de las causas principales de la crisis crónica del campo nicaragüense.
1) La descapitalización de los productores, debido a los bajos precios que se pagan por los alimentos básicos; a la disminución e inadecuada aplicación de las inversiones.
2) La lógica implacable de la pobreza generalizada, que impide el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles y se resiste a estrategias y políticas que sólo persigan propósitos lucrativos, sin ninguna vinculación social.
3) La inseguridad en la tendencia de la tierra, que afecta los planes de inversiones y las garantías necesarias para el otorgamiento de los créditos, con amplitud y sin tanta restricción.
4) Los vicios del paternalismo, la centralización burocrática y la corrupción en las instituciones impiden una fluidez y acceso a los beneficios que requiere la producción.
Para superar el atraso del campo y modernizarlo, es conveniente: considerar cuatro directrices principales: I) la modernización de los instrumentos de política rural; II) la transformación de las instituciones públicas de estímulo agropecuario; III) la democratización y el fortalecimiento de las organizaciones de productores, y IV) la actualización de las estructuras jurídicas.
El objetivo de la estrategia general es elevar el nivel de vida de familia campesina, por medio del mejoramiento de sus condiciones de trabajo y del aumento de su producción y productividad. Lo que se pretende es cambiar las relaciones de la economía rural con el resto de los sectores, adoptando las férreas reglas del comercio agropecuario internacional y de las inversiones de capital privado, y también las normas de calidad, para integrarnos a la competitividad internacional y tener un mejor precio en nuestros productos de exportación.
Para obtener la eficacia y la productividad requerida por el comercio internacional y las inversiones privadas habrá que modificar la estructura agraria del país. Ello implica reformas legales y garantías políticas y administrativas para que los productores puedan asociarse entre ellos y con inversionistas de otros sectores, a fin de integrar unidades productivas.
Para revertir la descapitalización, se promueve la modernización de los principales instrumentos de financiamiento. Se busca que los precios sean concertados entre productores y consumidores con base en los internacionales, manejando la banda de precio y sabiendo negociar con el exterior y abastecimiento nuestro mercado interno.
Para superar el paternalismo, la centralización burocrática y la corrupción, las instituciones del país deben avanzar en la desconcentración de sus funciones alentando una mayor participación de las organizaciones de productores. Hay mucho camino por recorrer para convertir al municipio en promotor del desarrollo rural y constituirlo, en una base sólida para la desconcentración efectiva y permanente de las tareas de las instituciones del país.
* Vicedecano Facultad de Derecho UNAN-León.
