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Cada día de paro, por la protesta de los transportistas, puede costarle al país entre cuatro y ocho millones de dólares y al final, independiente de quien “gane”, si los buseros o el gobierno, los perdedores seremos todos los nicaragüenses en la medida que se retrasa la mejoría económica que buscamos.
Los empresarios del transporte quieren paralizar Managua desde hoy en defensa de sus ingresos, porque el gobierno les quitó el subsidio al combustible que para el Estado significaba una erogación mayor de 300 millones de córdobas por año. De ninguna manera ellos están preocupados por los usuarios, que viajan a riesgo de accidentes y maltrato de conductores. Sólo cuidan su estatus de negociantes, interesados en ganar, nunca en invertir ni arriesgar.
También existe el riesgo de que este paro se convierta en una asonada, con más perjuicios para la población, porque un sector de los transportistas tiene vínculos con el Frente Sandinista y algunos de sus líderes serán candidatos a diputados, razón para que intenten llevar la protesta más allá de lo económico, en busca de ventajas políticas para las elecciones de noviembre próximo.
En realidad, los sandinistas podrían estarse granjeando más antipatías con sus actitudes contradictorias, porque prometen sacar al país de la crisis y al mismo tiempo estimulan acciones contra la economía del país y de los asalariados, con el pretexto de que se oponen a las medidas económicas “antipopulares”.
Los transportistas tienen derecho a protestar, pero en ningún momento a impedir la libre circulación de los ciudadanos ni atentar contra la seguridad de éstos. Al hacer tranques y apedrear a buses que se resisten a sumarse al paro, violentan derechos elementales de la población y le cercenan oportunidades de recuperación al país.
El ministro de Transporte e Infraestructura, Edgard Bohórquez, abrió la posibilidad de que otros propietarios de buses adquieran permisos para prestar el servicio público, si los buseros tradicionales insisten en el paro. Es una iniciativa oportuna que puede conducir a la sana liberación del transporte y en consecuencia a una mejoría del servicio, ya que la monopolización por algunas cooperativas ha impedido mejorar el servicio, a pesar del subsidio alto del Estado.
Aunque, la eliminación del subsidio podría convertirse en una ventaja para los usuarios, si el gobierno reinvierte ese dinero con ese fin. ¿Cómo? En otros países la población puede comprar los boletos del bus con anticipación y precios preferenciales. Incluso, con un boleto pueden cubrir rutas determinadas, aunque tengan que abordar dos buses. Es un subsidio, pero útil, porque favorece a ciudadanos con menos recursos. Además, la adquisición previa de boletos impide que los buseros se queden con el vuelto.
