Los transportistas sandinistas comienzan hoy un paro general, para tratar de obligar al Gobierno a revocar la decisión de suspender el subsidio estatal por casi 250 millones de córdobas anuales (unos 19.2 millones de dólares norteamericanos) al negocio del transporte público.
Equivocadamente se ha dicho que el movimiento de los transportistas sandinistas es una huelga, pero en realidad se trata de un paro empresarial. Hay que subrayar esta diferencia, porque la huelga es un derecho constitucional de los trabajadores asalariados para defender sus intereses, en tanto que el paro empresarial no está contemplado en la Constitución ni protegido por la ley, por cuanto es un acto de fuerza que generalmente se usa para tratar de imponer a la sociedad intereses injustos y egoístas.
Eso no significa que los transportistas y demás empresarios no tengan derecho de protestar cuando consideren que sus intereses son perjudicados por las políticas gubernamentales. Pero sus protestas y reclamaciones deben hacerlas por los cauces institucionales correspondientes, no en forma violenta ni atentando contra los derechos de las demás personas, ni causando graves daños a la economía nacional, la cual, según cálculos de economistas podría sufrir perjuicios de 2 a 8 millones de dólares cada día, de acuerdo con la magnitud del paro que comienza hoy.
Se conoce que la supresión del subsidio a los transportistas fue dispuesta por el Gobierno para cumplir una recomendación de los organismos financieros internacionales, de que cuanto antes se debe reducir el gasto público y el déficit fiscal, que ya es insostenible. Pero, independientemente de quien lo hubiese recomendado, la verdad es que la reducción del gasto gubernamental es imperiosamente necesaria porque el país no puede seguir gastando mucho más de lo que produce y de los ingresos que percibe.
Sin embargo, el Gobierno ha sido incapaz -una vez más- de actuar en forma correcta y transparente. De manera que suprimió el subsidio al transporte por medio de una disposición autoritaria, en vez de negociarlo y acordarlo con los mismos transportistas y otros gremios empresariales y laborales que tienen que ver con el problema, e inclusive con el FSLN, cuyos dirigentes en sus recientes conversaciones con representantes de los organismos financieros internacionales reconocieron la imperiosa necesidad de reducir el gasto público y el déficit fiscal, a fin de que el país pueda seguir funcionando normalmente y obtener anticipadamente algunos beneficios de la HIPC.
En algunos círculos se asegura que el paro de los transportistas es en realidad una jugada política del FSLN para revertir de espectacularidad el lanzamiento de su campaña electoral. Es posible que así sea, si consideramos que el FSLN ha practicado anteriormente un juego doble, o sea que mientras por arriba manifiesta estar de acuerdo con las medidas de ajuste, por debajo instiga a los gremios sandinistas para que las rechacen inclusive por medio de acciones violentas.
Precisamente por eso, pero ante todo por ética gubernamental, el Presidente Alemán debió acompañar la supresión del subsidio a los transportistas no sólo con la insignificante disminución del precio del diesel y la gasolina y de un minúsculo aumento al salario mínimo, sino con medidas efectivas y convincentes como por ejemplo la reducción sustancial de los escandalosos altos sueldos y jugosos beneficios que disfruta la cúpula gubernamental, y la disminución del oneroso impuesto a los combustibles, tal como lo han demandado los diversos gremios empresariales. De esta manera no sólo se reduciría sustancialmente el gasto público sino que también se incentivaría la inversión y reactivaría la actividad económica del país, y además se neutralizaría el efecto de las protestas de los transportistas sandinistas por la eliminación del subsidio al transporte.
Ahora, ya que el Gobierno no pudo evitar un paro del transporte que probablemente va a terminar, como en ocasiones anteriores, con otra claudicación del Presidente Alemán y su equipo gubernamental, por lo menos las autoridades deberían proteger a los transportistas que no estén de acuerdo con el paro y quieran trabajar, y poner a disposición del público los vehículos estatales, incluyendo los del Ejército, como se suele hacer en otros países cuando hay emergencias como esta.
