Carlos Montaner
MADRID.– En 1995, cuando José María Aznar estaba en la oposición, prometió que, de llegar al poder, lo abandonaría voluntariamente al terminar el segundo mandato de cuatro años. En esa época gobernaba Felipe González, quien se había convertido en el político electo que más tiempo había ocupado la poltrona presidencial en toda la historia de España: 14 años. El razonamiento de Aznar resultaba impecable: no es sano ejercer la jefatura durante períodos muy largos. Eso contribuye al anquilosamiento de la maquinaria administrativa, le cierra el camino a las nuevas generaciones y crea una atmósfera más permeable a la corrupción, el amiguismo, y, en general, a la falta de entusiasmo. Los gobiernos «nuevos» tienen brío, ideas, imaginación, entusiasmo. Los «viejos» suelen acomodarse a la rutina. Todo eso se traduce luego en «desgaste». Por otra parte, solía decir, las grandes naciones no se sostienen sobre las espaldas de hombres providenciales, sino sobre la fortaleza de sus instituciones.
Tenía razón Aznar. Pero más impresionante aún que la promesa hecha cuando era candidato, es su voluntad de cumplirla. Según todas las encuestas, el Partido Popular, con diez puntos por delante de los socialistas, encabeza holgadamente las preferencias de los españoles. Sus dos períodos -está a mitad del segundo- son juzgados como «los mejores de la democracia», y hay razones para mantener esa opinión: crecimiento económico sostenido, drástica reducción del desempleo, control total del gasto público y admirable equilibrio fiscal que le permitirá terminar su mandato con cero déficit y una disminución sustancial de la deuda pública. Si a ello se le suma la ausencia de escándalos relacionados con la corrupción y la sujeción absoluta al imperio de la ley -como sucediera, por ejemplo, en el «caso Pinochet»-, se entiende la satisfacción de los españoles. Si Aznar quisiera romper su promesa y aspirara a un tercer período, los electores lo respaldarían mayoritariamente.
Afortunadamente no piensa hacerlo. Es joven -47 años- y, si se lo propone, dentro de una década nada impedirá que legítimamente intente regresar a la Moncloa. Pero ahora tiene por delante una tarea mucho más peliaguda que la decisión de abandonar el poder: cómo organizar la selección del sucesor de una manera limpia y justa que no debilite a su partido. Le sobra peso y autoridad para designar indirectamente al próximo candidato de los populares, pero esa «democracia digital» suele crear un grave malestar entre los partidarios y una razonable sensación de ser víctimas de una injusticia entre los aspirantes que no resultan favorecidos. La clave está en poder crear un mecanismo democrático realmente abierto y sin miedo, con reglas claras, en el que los políticos puedan exponer sus planes y competir por el apoyo de las bases o de los compromisarios que las representen, sin temor a que la maquinaria los elimine arbitrariamente. Eso jamás garantiza que triunfará el mejor candidato, pero la democracia -que, como la caridad, debe comenzar en casa- consiste en someterse a un método transparente e inapelable de tomar decisiones colectivas. Más aún: si Aznar les deja a todos los españoles un país notablemente más encaminado que el que encontró, su mejor legado a los populares debe ser la entronización de un sistema justo y permanente de elegir a los líderes, de manera que esa herencia puede prolongarse en el tiempo.
¿Quiénes pueden calzar los zapatos de Aznar en las próximas elecciones? Son varios los nombres que trae la prensa, y los tres precandidatos más evidentes tienen sus méritos. Está Rodrigo Rato, buen administrador, buen ejecutor de la política económica del gobierno. Un hombre serio y distante con fama de eficiente. Está Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, quizás más querido fuera que dentro de las filas populares, lo que puede ser una paradójica ventaja comparativa. Y está Eduardo Zaplana, el presidente de la comunidad valenciana, el de más renombre internacional, triunfador en un feudo tradicionalmente socialista, y acaso el político más innovador y creativo de cuantos dirigen los 17 gobiernos autonómicos de España. En todo caso, sea uno de ellos, u otro distinto, lo importante es que la selección del candidato fortalezca al partido, no que lo hiera de muerte, como les sucedió a los socialistas tras la derrota de González: el manejo injusto de la sucesión los sangró tremendamente. Una buena lección para toda la clase política española. [©FIRMAS PRESS]
