- La administración de la Alcaldía dice que no está debidamente renovado, pero Fetra-Alma alega lo contrario
Wilder Pérez [email protected]
La nueva administración de la Alcaldía de Managua (Alma) no reconoce el convenio colectivo firmado entre los trabajadores y el antiguo gobierno municipal.
Esto quedó demostrado el pasado martes, cuando el abogado Pastor Torres Gurdián, representante de la Comuna, envió una carta al Ministerio del Trabajo, en la que pide a Juana Maritza Moreira, Directora de Negociación y Conciliación Colectiva e Individual, declare “la nulidad de ese documento por carecer de requisitos básicos para su validez”.
Esos “requisitos básicos” que Torres Gurdián señala son el lugar, la fecha y la hora en que fue firmado dicho documento, en su última renovación.
La misiva incluso afirma que el convenio colectivo no contiene la firma del alcalde de entonces, Ismael Mayorga, “por tal razón usted debe declarar la nulidad de tal documento”, dice la carta.
¿LEWITES TIENE DOCUMENTO INCOMPLETO?
Maritza Zamora, dirigente sindical al frente de la Federación de Trabajadores de la Alcaldía de Managua (Fetra-Alma), asegura que el lugar, la fecha y la hora en que se firmó el documento, sí existen.
“Ignoro si no tienen ese documento, pero todas las cláusulas están ratificadas por la firma de cada sector, menos uno de los sindicatos, y sí tiene lugar, fecha y hora, si ellos no tienen completo este documento, ese no es nuestro problema”, comentó Zamora.
ACTA DEL SINDICATO TIENE DATOS
La dirigente sindical mostró a LA PRENSA el acta con firmas originales que tiene por título “Acta de Revisión de Cláusulas del Convenio Colectivo” y en sus primeras líneas dice: “…en la ciudad de Managua, a las 9:30 minutos del día 14 de diciembre del año 2000…”, justo lo que reclama la administración.
LA PRENSA consultó a la vocería oficial de Alma, pero afirmaron que Lewites no tenía más que decir que no fuera lo afirmado en días anteriores. El alcalde había dicho que no estaba de acuerdo con el actual convenio colectivo, pero no aseguró que solicitaría su anulación ante el Ministerio del Trabajo, quien aún no se pronuncia.
