La organización cívica EDUQUEMOS impulsó la semana pasada una campaña denominada “Todos a estudiar, 2001”, con el propósito de motivar a ciudadanos y empresas particulares para que apoyen a niños en edad escolar que no asisten a la escuela por falta de recursos económicos y materiales; un apoyo que se puede materializar mediante donaciones de lo que más necesitan los niños pobres y que sus padres o familiares no les pueden proveer.
Según pudimos saber, el resultado de la campaña fue satisfactorio en términos generales, a pesar de las dificultades que se derivan de la falta de comprensión que hay todavía en los medios acerca de la importancia de promover el apoyo ciudadano a la educación. En realidad, no sólo en los medios de comunicación sino también en la sociedad en general no hay suficiente conciencia de que la educación es una tarea que nos compete a todos; ni de que sólo mediante la participación conjunta de todos (familias, ciudadanos, empresas privadas, escuelas y gobierno), se puede lograr que la educación esté al alcance de cuanto niño en edad escolar haya en Nicaragua y de toda la sociedad.
Actualmente, hasta en los países más atrasados y pobres del mundo, como Nicaragua, predomina el principio de que la educación —cuyo propósito esencial es enseñar al ser humano a pensar, trabajar, crecer y convivir en condiciones de libertad—, constituye un derecho fundamental de todos los seres humanos y un medio para lograr el progreso individual y el desarrollo social; y que, por lo tanto, universalizar el acceso a la educación es tanto una obligación del Estado como una responsabilidad de las familias y un deber de todos los ciudadanos.
Sin embargo todavía hay quienes cuestionan y tratan de malograr, con cualquier clase de pretextos, los esfuerzos progresistas que hacen organizaciones cívicas como EDUQUEMOS a favor de que ningún niño deje de asistir a la escuela ni se quede sin estudiar. Cuestionamientos que por cierto son básicamente políticos e ideológicos, como por ejemplo el argumento extremista de que no puede haber acceso pleno a la educación mientras no se transforme revolucionariamente a la sociedad nicaragüense; o la posición menos radical pero igualmente negativa de que la gente no debe apoyar la educación con recursos adicionales porque el Estado tiene la obligación de asegurar que todos los niños asistan a la escuela, y que la educación sea absolutamente gratuita.
En realidad, eso último es atractivo y parece teóricamente correcto. La Constitución dice (Artículo 119) que “la educación es función indeclinable del Estado” y señala, además, que “el acceso a la educación es libre igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia” (Artículo 121).
Pero los padres de familia y la sociedad en general no sólo deberían contribuir voluntariamente con la educación secundaria, sino también con la primaria. Como es bien sabido, el Estado no tiene suficientes recursos para atender todas las necesidades sociales a que está jurídicamente obligado. Y aunque los tuviera, y no los derrochara en privilegios para la alta burocracia y en la corrupción gubernamental, aún así los ciudadanos que tienen posibilidades y las empresas particulares siempre tendrían que contribuir adicional y directamente para la educación porque en este campo los recursos públicos nunca son suficientes.
Es una mezquindad esgrimir el pretexto de que la educación es responsabilidad del Gobierno o de que hay corrupción gubernamental, para negarse a apoyar a niños que no pueden ir a la escuela por falta de posibilidades materiales y recursos económicos. Y en cuanto a que lo que hay que hacer para resolver el problema de la educación es una “revolución” económica y social, se trata sin dudas de un mayúsculo disparate que no vale la pena comentar.
Vivimos en una época en que las personas se valoran cada vez más por sus conocimientos, o sea por su educación, la cual recae integralmente en la responsabilidad concertada de la familia, los ciudadanos, la sociedad y el Gobierno.
